"En Quebec, los criterios para las restricciones estaban ligados al avance de la COVID en los mayores, no a si tenían enfermedades crónicas o discapacidad cognitiva. Se derivaban según la gravedad del coronavirus; mientras más alta, había más posibilidades de internación. Desde el punto de vista médico, no se explica el uso de los criterios para el protocolo madrileño. Lo que sucedió no tiene que ver con el virus, sino con las decisiones políticas”, afirma Béland en un perfecto español.

Los socialistas han cargado contra la decisión de cobrar 400.000 euros a las familias de los fallecidos

“Si mañana volviera a haber una pandemia, estaríamos peor que en 2020 (…) Los 7.291 mayores se iban a duplicar”. Este es el resumen que hace la oposición de la gestión de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, de las residencias de mayores más de cuatro años después de que la región notificara el primer caso de Covid. Por aquel entonces, dejando a un lado los conocidos como protocolos de la vergüenza, las comisiones por la compra de mascarillas y otras polémicas que todavía a día de hoy persiguen a la presidenta madrileña.

La líder acusa a los promotores de retorcer el dolor, y apunta que citó un texto legal cuando dijo que una persona mayor “no se salvaba en ningún sitio” en la pandemia. “Llevamos 25 sentencias judiciales donde se nos da la razón”, ha dicho Ayuso durante una intervención en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. “Sería el colmo que me llevaran a un tribunal por leer en la Asamblea de Madrid la sentencia de otro tribunal, que es lo que hice ese día”, ha opinado.

Un reciente estudio realizado por sindicatos en Madrid revela que la falta de personal en estos centros colocó -y sigue colocando- a los usuarios y a sus respectivos cuidadores en una "situación crítica". El informe, realizado por Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid, UGT Madrid, además de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare) evidencia que, de las 55.308 plazas para dependientes en la región, sólo 6.430 son públicas y 13.693 de gestión privada con financiación pública; el restante, de ámbito privado.

Más Madrid pidió en la Asamblea que la cadena pública muestre la cinta 7.291, pero el ente defiende su derecho a anunciar su programación cuando considere

No se trata de echar muertos a la cara de nadie. No es lícito utilizar políticamente el dolor de las familias que han sufrido la pérdida de seres queridos. Este es el comportamiento lamentable, carroñero incluso, que los dirigentes de la derecha, incluido el gobierno autonómico de Madrid, han mantenido respecto al reciente asesinato de dos guardias civiles a cargo de unos narcos en Barbate. El PP y Vox no han dudado en echar esos fallecidos y a sus familias contra el ministro del Interior y han utilizado el caso hasta la náusea con fines electorales en Galicia. No obstante, sí es preciso reclamar las respuestas que hasta ahora no se han dado en relación al fallecimiento de más de 7291

Tras las 7.291 muertes de personas residentes que no fueron derivadas hacia los hospitales, la Fiscalía “no ha llamado a declarar a los culpables”. La tragedia en estos centros de mayores, sucedida por los protocolos de exclusión sanitaria firmados por altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, permanece impune, denuncian las familias que, “encadenadas al sufrimiento” han acudido este martes ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid.

"Esta historia se tiene que contar, no puede quedarse ahí", asegura el director Juanjo Castro sobre una película sobrecogedora, donde todas las partes explican lo que sucedió, que se ha levantado sin presupuesto y que ahora quiere mover por festivales e intentar que se proyecte en salas.