La Residencia Ballesol Alcalá tenía 192 residentes en abril de 2020, uno de los meses más duros de la crisis sanitaria del covid-19. De ellos, fallecieron 89, casi la mitad. En concreto, el 46%. En Sanitas La Moraleja vivían por su parte 81 ancianos, pero en las mismas fechas fallecieron 31. En este caso, el 38%. En Nuestra Señora de la Soledad y del Carmen, en Colmenar Viejo, murieron 30 residentes de los 51 que había en lo peor de la pandemia. Fueron el 58,8%.

"En Quebec, los criterios para las restricciones estaban ligados al avance de la COVID en los mayores, no a si tenían enfermedades crónicas o discapacidad cognitiva. Se derivaban según la gravedad del coronavirus; mientras más alta, había más posibilidades de internación. Desde el punto de vista médico, no se explica el uso de los criterios para el protocolo madrileño. Lo que sucedió no tiene que ver con el virus, sino con las decisiones políticas”, afirma Béland en un perfecto español.

"La Comunidad de Madrid, la única comunidad de España y me atrevería a decir del mundo, en la que se impidió el acceso de los mayores a un cuidado sanitario durante la pandemia. No es lo mismo morir ahogado que morir sedado, no es lo mismo morir acompañado que morir abandonado..."

Está es la temperatura de una habitación en plena ola de calor sin aire acondicionado porque @IdiazAyuso @adavimu no consideran personas con derechos a los que viven en la Gran Residencia

No se trata de echar muertos a la cara de nadie. No es lícito utilizar políticamente el dolor de las familias que han sufrido la pérdida de seres queridos. Este es el comportamiento lamentable, carroñero incluso, que los dirigentes de la derecha, incluido el gobierno autonómico de Madrid, han mantenido respecto al reciente asesinato de dos guardias civiles a cargo de unos narcos en Barbate. El PP y Vox no han dudado en echar esos fallecidos y a sus familias contra el ministro del Interior y han utilizado el caso hasta la náusea con fines electorales en Galicia. No obstante, sí es preciso reclamar las respuestas que hasta ahora no se han dado en relación al fallecimiento de más de 7291

Sr. Miranda de las Heras de AMAS y Ana Dávila responsables directos de que nuestros familiares coman platos que no saben ni qué son.

Se tiene que seguir por los abuelos. 7291 ancianos muertos.

Un reciente estudio realizado por sindicatos en Madrid revela que la falta de personal en estos centros colocó -y sigue colocando- a los usuarios y a sus respectivos cuidadores en una "situación crítica". El informe, realizado por Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid, UGT Madrid, además de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare) evidencia que, de las 55.308 plazas para dependientes en la región, sólo 6.430 son públicas y 13.693 de gestión privada con financiación pública; el restante, de ámbito privado.

"Esta historia se tiene que contar, no puede quedarse ahí", asegura el director Juanjo Castro sobre una película sobrecogedora, donde todas las partes explican lo que sucedió, que se ha levantado sin presupuesto y que ahora quiere mover por festivales e intentar que se proyecte en salas.

Tras las 7.291 muertes de personas residentes que no fueron derivadas hacia los hospitales, la Fiscalía “no ha llamado a declarar a los culpables”. La tragedia en estos centros de mayores, sucedida por los protocolos de exclusión sanitaria firmados por altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, permanece impune, denuncian las familias que, “encadenadas al sufrimiento” han acudido este martes ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid.