Una de las reformas que requiere nuestra Carta Magna consiste en la supresión del Tribunal Constitucional. Sería una medida drástica pero necesaria. Además de por la fagocitación de su reputación, por la irresponsabilidad de los partidos, también por sus frecuentes excesos de jurisdicción que protagoniza en detrimento del Tribunal Supremo y que han causado en algunos momentos graves crisis institucionales.

Entre las propuestas, existen algunas llamativas como una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluiría que los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos fueran la "última instancia salvo para recursos de casación y aforamientos" con "la consiguiente desaparición de la Audiencia Nacional". También se estudia desde Compromís solicitar, "en el marco de una revisión del Estado en un sentido federal", el "traslado a Valencia o Alicante del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o alguna de las instituciones estatales

Un supermercado obtiene imágenes que llevan al despido de dos trabajadoras. La que acaba ante el Tribunal Supremo es despedida, el juzgado de lo social da por buena la prueba y la decisión de la empresa. El Tribunal Superior Justicia, sin embargo, considera la prueba obtenida vulneradora de los derechos fundamentales de la trabajadora, por tanto nulo el despido decidido bajo esa referencia, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional.