Nos encontramos ante un ejemplo palmario de concepción “patrimonial” del cargo representativo –“el escaño es mío”- y no, como tendría que entenderse en un sistema democrático-representativo, en un sentido funcional: quien ejerce el cargo en el Congreso o el Senado lo hace para permitir la expresión de una concreta representatividad. ¿Cabría, no obstante, suspenderla temporalmente mientras no exista esa sentencia que, en su caso, la condene? Tres posibles respuestas.

Es común, cuando alguien mediático entra en la cárcel (sea el asesino del hacha o el corrupto de los miles de millones), que la prensa incluya una breve referencia al grado penitenciario en que será clasificado. Esto nos permite jugosos comentarios para analizar la situación del país (“fíjate, con todo lo que ha robado y en tercer grado”), pero no nos enseña cuándo se impone cada grado ni qué significa. Por ello, voy a dedicar unas líneas a los grados penitenciarios.

Parte I: Génesis. El artículo 122 CE: El artículo 122 de la Constitución, al detallar en su tercer apartado la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), prevé que «estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica;