La ampliación del espacio público ha limitado los espacios de estricta privacidad. Es preciso analizar cómo trasladamos los clásicos límites expresivos a las redes sociales a partir del estudio de los conflictos que, en el ámbito bien de las afecciones al honor o a la intimidad de otras personas, bien de la emisión de opiniones incitadoras a la violencia, odio o discriminación, ya se están produciendo y que reflejan los problemas de nuestro derecho para adaptar con solvencia los equilibrios tradicionales a la nueva realidad.

Los particulares están sometidos a la ley y obligados a cumplir sus contratos. Los poderes públicos han de respetar los derechos fundamentales de los particulares y protegerlos. Debería ser obvio para cualquier jurista que en ninguno de los tres casos se ha infringido el derecho a la libertad de expresión del periodista, de Escolar o de la empleada de Mercadona. Simplemente porque los que han tomado las decisiones correspondientes no son poderes públicos. Ni son el legislador, ni es el Gobierno o una Administración Pública ni son jueces.

En estos tiempos se ha puesto de moda defender el escrache desde dos puntos de vista: el de su legalidad y legitimidad, y el de su oportunidad. yo querría centrarme en un aspecto lateral que tiene que ver con la legalidad del escrache y con la idea de que se trata de una mero ejemplo -incluso especialmente afortunado- del derecho fundamental de manifestación.

Es común, cuando alguien mediático entra en la cárcel (sea el asesino del hacha o el corrupto de los miles de millones), que la prensa incluya una breve referencia al grado penitenciario en que será clasificado. Esto nos permite jugosos comentarios para analizar la situación del país (“fíjate, con todo lo que ha robado y en tercer grado”), pero no nos enseña cuándo se impone cada grado ni qué significa. Por ello, voy a dedicar unas líneas a los grados penitenciarios.