En ese período hemos asistido al desapoderamiento de los interventores y secretarios en el ámbito de la administración local; a innovaciones sorprendentes como la posibilidad de que en ocasiones sean los propios ayuntamientos los que designen a su interventor; a la contratación masiva de interventores interinos (cuya posición laboral, más débil, les hace más vulnerables a las presiones externas); o la generalizada “huida del Derecho administrativo” mediante la atribución de funciones públicas a fundaciones y sociedades mercantiles públicas.