El pasado 6 de abril de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados, con el apoyo de todos los grupos y el voto en contra únicamente del Partido Popular, aprobó plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones entre la Cámara y el Gobierno como consecuencia de la negativa del poder ejecutivo a someterse a las iniciativas de control parlamentario presentadas por el poder legislativo.

Los tres catedráticos de Derecho Administrativo que han comparecido este jueves en el Congreso para exponer sus recetas anticorrupción han coincidido en reclamar mayor autonomía para la Oficina de Control de Conflicto de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pues consideran que el órgano que ha de controlar las incompatibilidades de los altos cargos difícilmente podrá hacerlo con independencia si depende directamente del Ejecutivo que los nombra y al que pertenecen.