En ese período hemos asistido al desapoderamiento de los interventores y secretarios en el ámbito de la administración local; a innovaciones sorprendentes como la posibilidad de que en ocasiones sean los propios ayuntamientos los que designen a su interventor; a la contratación masiva de interventores interinos (cuya posición laboral, más débil, les hace más vulnerables a las presiones externas); o la generalizada “huida del Derecho administrativo” mediante la atribución de funciones públicas a fundaciones y sociedades mercantiles públicas.

Cuando se publicó que la Fiscalía iba a interponer una querella por rebelión contra los antiguos miembros del Gobierno de Cataluña y de la Mesa de su Parlamento, me pregunté qué datos ignoraba que permitiesen argumentar la presencia de uno de sus requisitos: la violencia.