El pasado 6 de abril de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados, con el apoyo de todos los grupos y el voto en contra únicamente del Partido Popular, aprobó plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones entre la Cámara y el Gobierno como consecuencia de la negativa del poder ejecutivo a someterse a las iniciativas de control parlamentario presentadas por el poder legislativo.

Ayer en el Congreso de los diputados se celebraba un debate importante. El Parlament de Catalunya no estaba pidiendo nada jurídicamente imposible, pues transferencias de este tipo se han realizado en una decena de ocasiones desde 1978, incluso en algún caso respecto de competencias exclusivas del Estado.