Entre 1940 y 1970, la dictadura creó más de 300 pueblos repartidos por 27 provincias, la mayoría entre Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Unas 60 000 familias fueron trasladadas a estos pueblos de nueva edificación, recibieron un lote y se convirtieron de la noche a la mañana en propietarios con casa y tierras de regadío. Por supuesto, esto tenía un precio. De los beneficios que sacaba las familias, una parte (alrededor de un tercio, aunque depende de a quien preguntes la realidad puede ser bien distinta) iba a parar al Estado.
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