Lo que sí parece evidente es que, el señalado como culpable de asesinato o maltrato, debía pasar por todo un proceso judicial, respondiendo a los emplazamientos, y, en caso de ser declarado culpable, vería cómo eran secuestrados sus bienes, pagaría costas y, cuando la sentencia era definitiva, sería desterrado, condenado a galeras o incluso, en no pocas ocasiones, a la pena de muerte.