Desde el principio, la investigación fue un encubrimiento de manual. El gobierno sueco se apresuró a obtener pruebas, invocando sus derechos putativos en virtud del derecho internacional, excluyendo conscientemente cualquier tipo de inspección independiente, respaldada por la ONU. Por supuesto, después de reunir todas las pruebas, las autoridades suecas no hicieron exactamente nada, sólo para admitir tardíamente que en realidad no tenían derecho legal a monopolizar la información en primer lugar.