Una vez conocido el texto de la ley que se enviará a las Cortes generales parece claro que la Ley de Amnistia no es la rendición del estado a sus enemigos, como llevan semanas intentando hacernos creer. ¿A qué se debe entonces este maremoto emocional, esta conmoción que recorre de arriba abajo la España que tiene medios para hacerse oír? Como siempre, se debe a una cuestión de poder. Al final , lo que se dilucida con la ley de Amnistia es si la fuerza dominante en este pais es el Parlamento elegido democráticamente o los aparatos del Estado construidos desde la transición hasta aquí, con sus herencias oscuras y su componente de clase.
Hay que tener volver a recordar que el aparato judicial del franquismo ( no sus leyes, evidentemente) , se heredó al completo, al igual que la estructura de mando de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del estado. Como ejemplo, la existencia de la Audiencia Nacional, ausente en otros sistemas juridicos democráticos, se debe que es la heredera directa del franquista Tribunal de Orden Público.No se podía dejar a sus miembros en la calle.. La transición tuvo sus exitos y sus peajes, que aún abonamos. Las viejas jerarquias del estado franquista (jueces, fiscales abogados del estado, generales, comisarios..) conservaron su poder a cambio de la aceptación de las nuevas reglas.
Quizá sea al momento en el que haya que recordar a sus hijos, a sus herederos (reales o intelectuales) que entre esas reglas está la aceptación de la hegemonia de la soberania del pueblo que se encarna en el Parlamento, sobre el resto de los poderes del estado.
La furia ante esta ley es la furia de quienes perciben acertadamente que esta deslegitima la respuesta que el PP y sus aliados en la judicatura y las FCSE dieron a la crisis de 2017. Su respuesta conducía a un callejón sin salida a largo plazo, porque el independentismo se alimenta de victimismo. Si la amnistia se muestra una mejor solución, deslegitima la respuesta que el PP y la alta judicatura dieron a un problema estructural y por tanto debilita su poder fáctico de forma subterránea, pero a la larga evidente.
Esta ley tiene dos flancos que proteger, el jurídico y el político. Sobre el primero, esel Tribunal Constitucional quien tiene la palabra. Las opiniones de asociaciones de jueces, abogados o alicatadores de baños son respetables pero no tienen ningun peso juridico.
El flanco político es el que a todos nos incumbe y en el que todos tenemos palabra. Ahí sí es legitima la discrepancia, dura, extrema, si se quiere. Perdona la ley a quien quizá no merezca ese perdón. Pero esta ley no tiene sentido en los nombres concretos de los beneficiados, sino en su efecto en lo que es el problema más grave, irresuelto, que tiene este pais desde el siglo XVIII, el problema territorial . Y más especificamente cómo una Comunidad tan decisiva como la catalana puede sentirse reconocida. De eso se trata , y no del antipàtico Puigdemont.
Qué es lo mejor para que en el futuro Cataluña pueda considerar que forma parte integral, emocional , del estado. De eso se trata,de si esta ley favorece o dificulta una relación constructiva y no destructiva como la que se desencadenó en los ultimos años.
Esteban_Rosador 
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Stv.2 
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