Fíjense ustedes en lo curioso de este caso en el que ha habido un error judicial por parte de alguien, pero termina siendo el "Estado" el condenado (es decir, todos somos los condenados a través de nuestro dinero público, menos para aquella Abogada del Estado que en el juicio contra Urdangarín( aseguraba que lo de que "el Estado somos todos" es un simple eslogan publicitario). A mí estas noticias no me sorprenden porque estoy licenciado en Derecho y ello me dio para ver la cantidad de cretinos y cretinas que danzan por el sector, pero analicemos bien todo para que el lego jurídico, común de los mortales, pueda entender mejor el tema.
La noticia se explica aquí: www.publico.es/politica/condenado-pagar-medio-millon-euros-encarcelar-
Hagamos un resumen para aquellos lectores más vaguetes:
1 A principios de 2016 la Policía detuvo al hombre, que ingresó en prisión preventiva acusado de un delito de adoctrinamiento terrorista por orden del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
2. La primera sentencia de la Audiencia Nacional sobre su caso llegó el 28 de junio de 2018. Para entonces, la mujer ya había salido de la cárcel, donde permaneció en preventiva un total de 333 días. La decisión judicial condenó al hombre a seis años de prisión y una multa de 1080 euros más accesorias por un delito de adoctrinamiento activo terrorista. La mujer, por su parte, fue condenada a un año de prisión y multa de 720 euros más accesorias a ella por un delito de enaltecimiento del terrorismo.
3. El matrimonio recurrió la decisión judicial al Tribunal Supremo. El alto tribunal resolvió el 19 de febrero de 2019 anular la sentencia de la Audiencia Nacional. El Supremo consideró que se tenía que repetir el juicio a estas dos personas porque la Audiencia Nacional "había utilizado la conformidad de los tres primeros acusados para fundamentar su convicción sobre la responsabilidad penal de los otros dos" "sin que los acusados conformes hubieran siquiera prestado declaración sobre los hechos al darse por terminado el juicio con respecto a ellos una vez que asintieron al escrito de acusación". El Supremo, por tanto, tiró de las orejas a la Audiencia Nacional y le reprochó que el matrimonio sufrió "indefensión y vulneración de las garantías procesales".
4. La nueva sentencia tras un nuevo juicio se dictó en octubre de 2019 y esta vez la decisión fue la de absolver a las dos personas. Respecto al hombre, que previamente había sido condenado a seis años de prisión, la Audiencia Nacional dijo: "De la prueba practicada en la vista oral no hay ningún dato objetivo que acredite la existencia de actos de colaboración del acusado con organización terrorista". Respecto a la mujer, que había pasado prácticamente un año en prisión, la nueva sentencia señaló: "Los textos publicados por ella no incitan a la violencia, resistencia armada o a la insurrección ni alabanza de acciones terroristas o de sus autores por lo que no constituyen una manifestación de discurso de odio".
5. Los abogados de Red Jurídica acudieron al Ministerio de Justicia y presentaron una reclamación. Sin embargo, el Ministerio no respondió y, por tanto, se decidió acudir a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que, en noviembre de 2022, sentenció que el matrimonio tenía razón y que por culpa de un mal funcionamiento de la Justicia se ha provocado daños irreparables a una familia inocente.
Ehmmmm, ¿perdón? ¿Me están diciendo que la propia Audiencia Nacional, que ha sido la única chapucera en este asunto, y que termina reconociendo que el matrimonio tenía razón porque el mismo Tribunal Supremo ha tenido que sacarle los colores a la Audiencia sobre la chapuza jurídica, es la que vuelve a decidir sobre la misma chapuza (aunque desde diferente Sala) llegando a la abstracta conclusión de que "ha habido un mal funcionamiento de la Justicia", teniendo que pagar el Estado una indemnización por una chapuza de alguien que no ha hecho bien su trabajo desde el inicio? ¿Me están diciendo que, por alguna curiosa y misteriosa razón, la responsabilidad del chapucero en un sistema judicial parece evaporarse como la niebla recayendo en personas que no tienen nada que ver con esa labor? ¿Me están diciendo que es el Estado, es decir todos los habitantes de un país que tributan, quienes deben soportar las chapuzas del sistema judicial?
Cuando un empleado en el sector privado comete una chapuza de cierta gravedad, generalmente se le identifica y se le sanciona, o incluso despide. ¿Debido a qué misteriosa, curiosa y maravillosa entelequia, en el sistema judicial no sólo no se identifica a los autores de las graves chapuzas de este estilo, sino que además no recae ningún tipo de responsabilidad por errores que han costado vidas a otros? Porque este caso es sólo uno entre miles.
Y es que, si entendemos que un sistema puede funcionar con este tipo de errores que no son solucionados más allá de segundas instancias, y además esos errores no parecen tener ningún tipo de responsabilidad, ¿por qué no poner monos a que decidan las primeras y pagarles con cacahuetes en vez de dinero público? ¿No nos ahorraríamos un buen dinero?
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baraja