Dice el artículo 404 del código penal que A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
Se considerarán resoluciones injustas aquellas claramente contrarias al ordenamiento jurídico, que infrinjan de forma evidente una ley o norma de rango superior.
Y dice el artículo 14 de la Constitución que Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este precepto entra en conexión con el artículo 16.1 donde se establece que Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
En dicha tesitura, el Ayuntamiento de Madrid y el PP de dicha comunidad han comunicado públicamente que no contratarán a ningún grupo musical "afín a Podemos" www.elmundo.es/madrid/2019/08/07/5d4ac0b7fc6c83cc2a8b45e1.html Esto es, se excluye de procesos de contratación públicos, pagados con el dinero de todos, a aquellos grupos cuyos integrantes, según el criterio del ayuntamiento, puedan tener una forma de pensar similar a la del partido morado (o, hablando en román paladino, ser de izquierdas).
La prevaricación es flagrante (y ya se ha ejecutado con la cancelación de diversos conciertos de grupos catalogados como rojos por el ayuntamiento). Está prohibido por la Constitución discriminar o excluir a cualquier persona por razones ideológicas, debiendo darse un trato exquisitamente igual a todo ciudadano sin que su forma de pensar pueda ser criterio a la hora de privilegiarle o excluirle cuando desea contratar con la Administración.
Por ende, los únicos criterios empleables para otorgar o negar una contrata relativa a amenizar las fiestas de una localidad con música, son la calidad musical del grupo, su capacidad de convocatoria...pero nunca que la forma de pensar de sus integrantes coincida o no con la del político de turno. El dinero con que se les paga es de todos, y por ende la administración del mismo debe ceñirse al máximo respeto a la legalidad, basándose en criterios escrupulosamente objetivos. No estamos ante un bautizo o boda particulares (aunque en su día algunos se pagaron con el dinero de la Gurtel), sino ante un evento financiado por todos los madrileños, y por el respeto que merece todo contribuyente, la gestión de dicho evento debe regirse por los principios que marca la Constitución y por las leyes que regulan la contratación administrativa.
Se ha cometido un acto de prevaricación y espero que la fiscalía actúe rápidamente. Pero lo más triste de todo es que, si hubieran querido, los nuevos caciques municipales podrían no haber contratado a esos grupos sin que el ánimo delictivo que les motivaba se evidenciase. Podían haber elegido a otros más afines aludiendo a la calidad musical de los grupos, a que había otros mejores...pero su concepción de lo público como un cortijo donde se enchufa al amigo y se expulsa al enemigo a costa del contribuyente, les ha llevado a confesar su delito de una forma obscena y descarada. La mentalidad caciquil de la vieja España canovista, perpetuada durante 40 años de franquismo, sigue plenamente vigente en las podridas mentes de tantos parásitos de lo público que hoy corrompen las instituciones. Éstos han confesado, y espero que se les imponga una condena ejemplar para que, en el futuro, al menos no insulten a la cara a todos los madrileños.
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parrita710