#35 puedes contactar conmigo a través de la productora del documental de la corrupción, en la web del mismo hay una dirección de mail; ellos me pasarán tu contacto.
Buenos días, tal como ha comentado Pablo ayer pude leer con emoción, que continúa hoy, vuestros comentarios, que agradezco enormemente.
Pero quiero aclarar que no soy un héroe, ni vocación de serlo, ni de justiciero, ni de quijote.
Como todo el mundo, simplemente quiero ser feliz, con los míos lo soy ahora, y trabajar cumpliendo con mis funciones de interventor, que son las de verificar el cumplimiento de los principios de legalidad y de eficiencia en todos los actos económicos del ayuntamiento donde trabajamos, lo que significa defender el buen uso del dinero municipal extraído coactivamente de la ciudadanía en forma de impuestos y tasas y para ello es preciso colaborar con el gobierno municipal
Por lo tanto, no soy en absoluto un denunciante, sólo informante y colaborador con el alcalde, concejales y gestores municipales para la mejor prestación de los servicios municipales. Así, siempre he dejado impronta en todos los ayuntamientos por los que he pasado en forma de mejora de procedimientos de recaudación, de pago, de gestión de facturas, de subvenciones, de tramitación de licencias urbanísticas, de contratación administrativa y de personal, etc.
El problema es cuando el trabajo de un interventor en pro de la legalidad y de la eficiencia –no lo olvidemos- es visto por el alcalde de turno como un obstáculo al ejercicio de su poder absoluto, que la mayoría lo entiende y lo ejerce para “premiar a los amigos y castigar a los enemigos”.
De aquí vienen mis centenares de informes de ilegalidades y de miles de notas manuscritas de avisos y recomendaciones de mejora, que no suelen ser bien vistos por los alcaldes caciques, que suelen responder con violencia, como es ahora el caso del alcalde/faraón de Crevillent o de algunos concejales del PP de Orihuela.
Tampoco las principales empresas de servicios municipales como AQUAGEST o FCC se lo suelen tomar a bien y acostumbran a responden con amenazas o presiones sobre los funcionarios que nos tomamos en serio nuestra función pública. (ver el caso POKEMON).
Informes de ilegalidades que en cualquier sociedad democrática deberían ser llevados ante instancias administrativas superiores para su análisis, o en su caso, ante instancias judiciales. Pero esto no sucede en este país. Sigo esperando la actuación judicial ante mi más graves informes de irregularidades en Crevillent y en Orihuela, pero jueces como el de Castro Urdfiales no abundan y es probable que no existan en estos lares de Alicante.
Esta es mi historia y éste es el origen de mi insostenible situación actual, obligado a buscarme un nuevo destino para no acabar trastornado y teniendo que pedir ayuda económica para poder financiar el coste de mi defensa. Gracias
Fernando Urruticoechea