Todo lo que los nacionalistas catalanes exigen para estar “cómodos” dentro de España es aplicable, punto por punto, con lo que los catalanes no nacionalistas gustarían de tener dentro de Cataluña.
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Los redactores de la Constitución española eran conscientes del problema inherente de asignar derechos o representación política a naciones dentro de España porque entendían que la definición de quién formaba parte de ellas no era meramente una cuestión geográfica. El uso del término “nacionalidades” no es absoluto trivial: las nacionalidades son individuales, no colectivas. La Ley Fundamental reconoce la enorme diversidad cultural de España y exige que sea protegida, pero lo hace a partir de derechos individuales, no de identidades compuestas por millones de personas de homogeneidad imposible.
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Los partidos de izquierdas (o un sector nutrido de estos) hablan de la plurinacionalidad como el bálsamo que curará el conflicto territorial, algo que tiene que ser bueno porque a Franco no le gustaba. Que la izquierda española se haya tragado los argumentos de los nacionalistas, sin embargo, me parece que merece cierto comentario, ya que una cosa es tener ideas y la otra es ser bobo.
La pena es que (i) NO exista una ley contra la violencia de género en Cuba y (ii) nadie aparte de esas personas las pidan (ya hemos visto con qué resultado).
#62#81#101 Pero claro que Junqueras conoce el dictamen de la Abogacía del Estado antes que la opinión pública española. Al fin y al cabo él es el cliente.
#45 Los laudos dictaminan que el Estado español, con la política suicida de Zapatero con las renovables, debe pagar a aquellos que, bajo esas leyes, invirtieron.
#75 Curiosamente fue el PP el que cortó esos pagos fuera de mercado a los "inversores internacionales", y de ahí estas reclamaciones.
También recuerda que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y que fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad.
#48 Es que esto legalmente no es una ayuda ni una subvención, es una indemnización por un supuesto daño derivado de un delito, cuya existencia declara un órgano administrativo y no uno judicial.
Que un órgano administrativo declare a determinadas personas como víctimas de ese delito es suplantar a los jueces. Eso sin mencionar su ausencia de independencia (sus miembros no son inamovibles) y la falta de garantías del proceso.
¿Entiendes que la naturaleza de esto es distinta de un procedimiento para conceder una subvención no? Aquí tenemos a un ente suplantando funciones jurisdiccionales.
#4 ¿Te acuerdas de la Ley Sinde y su "Comisión de Propiedad Intelectual"?
Era un órgano administrativo de parte que declaraba si algo era ilegal o no, sin las garantías de un proceso judicial, ni su independencia ni derecho de defensa.
Mediante la proclamación de un “derecho a la verdad”, lo que se pretende es construir una realidad distinta a la judicial que, sorteando a los tribunales y a las garantías inherentes al proceso penal, permita reconocer en vía administrativa la existencia de un delito del que se deriva la condición de víctima del denunciante y el derecho a ser indemnizado con hasta 390.000 euros.
La terminología empleada en la ley es una oda al eufemismo legislativo y político que intenta disimular, tras terminología jurídica y la referencia constante a los derechos humanos, lo que en realidad es una auténtica concienciación por la vía normativa de la realidad del relato abertzale, dotando de sentido político a la sangre derramada por los terroristas y poniendo en cuestión que España fuese un auténtico Estado de Derecho en el que la tortura policial no era perseguida.
Interesante, porque seguro que eres de los que aboga porque el mayor número de cosas sean "públicas" (o sea, de gestión pública).