Eso de que EL PAÍS es una empresa y sólo tiene que preocuparse de ganar pasta no es rigurosamente cierto. El acceso a una información libre y veraz es derecho constitucional. Por eso los que escriben en EL PAÍS reciben especial protección jurídica. Con esa excusa las instituciones públicas financian a los medios de comunicación (a los afines, claro) a través de publicidad sobrepreciada o con pagos sin contraprestación alguna.
Que la gestión del medio sea privada no quiere decir que no tenga responsabilidad social. Y dar voz a personas que deliberadamente distorsionan la realidad, no es ser responsable.
A mi me parece interesante. Es una reflexión sencilla pero atinada. Y por cierto, también encuentro a veces artículos en Menéame que no me gustan y "no escribo comentarios diciéndoselo al mundo para hacerme el heterodoxo".
#2 nachochaparro 