Vox, con un 11%, también mantiene una posición importante en el espectro político, seguido de Sumar, que registra un 7,7%. Unidas Podemos (UP), al igual que SALF, se encuentra en el 3,4%, sin variaciones en su intención de voto.
La reforma pretende reducir la competencia “desleal” con los hoteles, Limitar la oferta de alojamiento turístico favorecerá el equilibrio del mercado, apoyará a la industria hotelera
Zurimendi reafirma el compromiso de la UPV con la igualdad de género y los derechos humanos, destacando la existencia de un código ético que rige las conductas de todo el personal y alumnado. Este código se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, marcando una clara postura institucional contra cualquier forma de discriminación.
Con esta “huelga de alquileres”, consistente en no pagar los aumentos de precios que imponen los propietarios, en especial los bancos y los fondos buitres, pretenden que los precios del alquiler se puedan reducir en un 50%.
Imagínese que mañana es concejal de Urbanismo en un Gobierno progresista en la ciudad de Madrid. ¿Qué haría con los pisos turísticos?
-R: Clausurar todos los ilegales. Ampliar la capacidad inspectora de la Agencia de Actividades y cerrarlos. En cuanto a los legales, podemos debatir que una ciudad tenga que tener algunos pisos turísticos, sobre todo pensando en familias con varios hijos que vienen a la capital. Entiendo que haya gente que prefiera que no haya ninguno. Pero para mí, cumplir la normativa es una línea roja. No puede ser que exijamos a los hoteles que cumplan escrupulosamente y tengamos luego actividad económica no declarada. Para mí la línea roja siempre es la disciplina, que todo el mundo sea igual. Primero se regulariza todo y luego ya podemos incluso debatir si queremos algunas viviendas turísticas y dónde las queremos.
se dirigió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hoy le ha dado la razón. Por nueve votos contra ocho, ha determinado que "el Estado demandado debe pagar a la demandante, en el plazo de tres meses, 12.000 euros, más los impuestos que sean exigibles, en concepto de daño moral"
#3 Cualquier ciudadano español posee la facultad -la facultad, que no obligación-, de poder detener a una persona en el mismo supuesto anteriormente mencionado, es decir, cuando sea testigo directo de la comisión de un delito flagrante.
La realidad es muy diferente: en España está totalmente permitido aceptar pagos solo en efectivo. No hay un decreto que lo regule directamente, pero la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista