A mi entender, lo que debiera hacer ya el GOBIERNO, antes de ir desplazando el problema a las CCAA, es SUJETAR a IVA (10% que es el tipo que se aplica al alojamiento hotelero) todo aquel arrendamiento que no entre en el concepto de "arrendamiento de vivienda" previsto en el art. 2 de LAU.
Primero, habría que conocer las razones que han llevado a esta persona a establecer su residencia en Elvas. Si fuera por motivos impositivos, cada cual hará la valoración que estime, pero sí recomiendo al Gobierno que aplique un criterio similar al que empleo con Ferrovial S.A.. Lo digo por aquello de la coherencia.
#6 El personal directivo de la CCAA de Extremadura (esta persona es jefe de la Oficina de Artes Escénicas) está obligado a formular declaraciones de bienes (art 18.2 de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura)
Sin dar por sentado que una ley de "amnistía" sea inconstitucional, puesto que hay opiniones relevantes en sentido contrario, creo que sería conveniente para el prestigio internacional de España y para la convivencia entre separatistas y el resto de españoles una ley de "ANULACION DE RESPONSABILIDAD PENAL" de aplicación a los inculpados por hechos llevados a cabo en 2017 que tuvieran como motivación la consecución de la independencia de Cataluña, pero dejando fuera de su ámbito subjetivo de aplicación a los encausados que al momento de cometer los hechos fueran militantes de los Partidos Políticos que instigaron los acontecimientos (es decir, los Partidos que votaron favorablemente las "leyes de desconexión").
Salvo error por mi parte, en el asunto se han abierto dos líneas de actuación que describo de forma resumida:
A) Línea administrativa: el Consejo Superior de Deportes (el Estado) ha presentado denuncia contra el Presidente de la RFEF (Rubiales) ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por una infracción muy grave (acto notorio y público que atenta a la dignidad o decoro deportivos y abuso de autoridad)
Si el TAD decidiera no incoar expediente el Gobierno se vería contra las cuerdas, luego SI habrá procedimiento administrativo, que acabará (casi seguro) en el Tribunal Supremo con sentencia favorable al CSD.
B) Línea penal: la Fiscalía de la Audiencia Nacional está realizando diligencias de investigación por si Rubiales pudiera haber incurrido en un delito de agresión sexual (beso forzado a Hermoso).
Si la Fiscalía no apreciara indicios de delito y archivara las actuaciones algunos miembros del Gobierno (las ministras de UP) se verían contra la cuerdas, luego NO habrá procedimiento penal.
Una cuestión que ya va saliendo a relucir en este asunto es que:
En el delito de agresión sexual el bien jurídico protegido es la libertad (en este caso su vertiente sexual). Es un delito de mera actividad que, como ocurre en casi todas las figuras delictivas, requiere de dolo para su comisión. El dolo consiste en la intención de ejecutar la acción aun siendo consciente de su naturaleza delictiva y del daño que provoca.
Si Rubiales es procesado por agresión sexual, espero que el juez/jueces que tenga que dilucidar el caso no sea varón porque, si lo es, va a tener complicado aplicar sus conocimientos jurídicos sin que le caiga la de Dios es Cristo.
Una cuestión que, tarde o temprano, saldrá a relucir en este asunto es que:
En el delito de agresión sexual el bien jurídico protegido es la libertad (en este caso su vertiente sexual). Es un delito de mera actividad que, como ocurre en casi todas las figuras delictivas, requiere de dolo para su comisión. El dolo consiste en la intención de ejecutar la acción aun siendo consciente de su naturaleza delictiva y del daño que provoca.
Si Rubiales es procesado por agresión sexual, espero que el juez/jueces que tenga que dilucidar el caso no sea varón, porque si lo es va a tener complicado aplicar sus conocimientos jurídicos sin que le caiga la de Dios es Cristo.
Con los resultados electorales definitivos tenemos que el PP (137 escaños) con Vox y UPN no tienen ninguna posibilidad de conseguir la investidura, aunque contara con el escaño de CCa.
Por otra parte, el PSOE (121 escaños) con Sumar, ERC, EH Bildu, BNG y PNV podrán investir a Pedro Sánchez si:
a) suman el escaño de CCa y, al menos, la abstención de JxCat
b) suman los escaños de JxCat, aunque CCa vote en contra o se abstenga
Mi conclusión simple es que habrá Presidente, pero no gobierno (en el sentido de gobernar, no en el de ministros) y, por tanto, sólo hay un ganador clarísimo y muchísimos perdedores incluido Felipe VI que deberá de proponer como candidato a la Presidencia del Gobierno a alguien sin opciones sabiendo que existe otro que sí las tiene pero que las confirmará tras el fracaso del primer designado.
Tomando la expresión de Valle Inclán, todo esto es un esperpento
Pedro Sánchez ya le ha dado una lección política a Núñez Feijoo al recordarle que:
"Nuestro sistema democrático cuenta con reglas claras para la configuración del Gobierno de la nación. Estas reglas se ajustan a los principios de la democracia parlamentaria que fija en el ámbito del Congreso de los Diputados el espacio en que deberán articularse las mayorías que permitan la investidura del candidato o candidata que recabe los apoyos necesarios."
Por tanto, el bloque de la izquierda unionista (PSOE, SUMAR) más el bloque de separatistas de izquierda (ERC, EH Bildu, BNG) más el bloque de separatistas de derechas (JxCat, EA-PNV) tiene el legítimo derecho de investir a un Presidente, aunque es indudable que la cosa de gobernar ya será más difícil por las dos contradicciones internas de mayor calado, a saber: 1) unionistas&separatistas y 2) izquierda&derecha.
Mi conclusión simple es que habrá Presidente, pero no gobierno (en el sentido de gobernar, no en el de ministros)
Ante la complicada situación política no veo mal que se propongan soluciones, aunque no creo que el PSOE esté en condiciones de abstenerse porque sus electores no lo entenderían.
Ahora bien, si las cosas se desarrollan como parece más probable, es decir, Núñez Feijoo se presenta a la investidura y fracasa, a Pedro Sánchez Pérez-Castejón le queda un panorama muy negro (tanto si consigue alcanzar la Presidencia del Gobierno, como si no, sus propios correligionarios lo tumbarán de la Secretaría del Partido).
Además de la complicada situación política, según las previsiones de primavera de la Comisión Europea, el año terminará con los siguientes referentes en materia fiscal y laboral:
a) una ratio de deuda pública sobre el PIB del 110,6% (esto en términos absolutos serían unos 1,57 billones).
b) un déficit de las AAPP del 4,1% del PIB (en millones supondrá unos 55.000), siendo el estructural del 3,7% del PIB.
c) una tasa de desempleo del 12,7% (es decir, unos 3 millones de parados).
A los pronósticos anteriores hay que añadir que para el ejercicio próximo:
1) la Comisión Europea ha advertido que los Estados miembros deberán respetar la referencia del 3% del PIB como valor máximo del déficit público.
2) el Consejo de la UE, entre otras cosas, ha propuesto que el incremento nominal del gasto primario neto financiado a nivel nacional no exceda en un 2,6% al del año actual.
3) el BCE ha expuesto que, si tuviera que utilizarlo, condicionará la aplicación del Instrumento para la Protección de la Transmisión (consistente en la compra de deuda pública si se dispara la rentabilidad exigida por el mercado) a criterios como el del cumplimiento de las recomendaciones en específicas para cada Estado formuladas, en el ámbito fiscal, por la Comisión Europea en el contexto del Semestre Europeo.
A la vista del preocupante panorama descrito y en aras del interés general, me atrevo a sugerir a Partido Socialista y Partido Popular que, de forma conjunta, presenten y apoyen para la Presidencia del Gobierno un candidato independiente de reconocido prestigio (como en su día se hizo en Italia con M. Draghi) que, en esencia, debiera centrar la acción de su gabinete en un programa económico consensuado y específicamente dedicado a equilibrar las cuentas públicas y reducir el paro.
Los resultados electorales provisionales apuntan a que no existe una investidura viable (172 diputados el bloque de la izquierda y 170 diputados el de la derecha) o que depende, al menos, de la abstención de Junts per Catalunya en el caso de repetir el actual Presidente del Gobierno.
Además de la complicada situación política, según las previsiones de primavera de la Comisión Europea, el año terminará con los siguientes referentes en materia fiscal y laboral:
a) una ratio de deuda pública sobre el PIB del 110,6% (esto en términos absolutos serían unos 1,57 billones).
b) un déficit de las AAPP del 4,1% del PIB (en millones supondrá unos 55.000), siendo el estructural del 3,7% del PIB.
c) una tasa de desempleo del 12,7% (es decir, unos 3 millones de parados).
A los pronósticos anteriores hay que añadir que para el ejercicio próximo:
1) la Comisión Europea ha advertido que los Estados miembros deberán respetar la referencia del 3% del PIB como valor máximo del déficit público.
2) el Consejo de la UE, entre otras cosas, ha propuesto que el incremento nominal del gasto primario neto financiado a nivel nacional no exceda en un 2,6% al del año actual.
3) el BCE ha expuesto que, si tuviera que utilizarlo, condicionará la aplicación del Instrumento para la Protección de la Transmisión (consistente en la compra de deuda pública si se dispara la rentabilidad exigida por el mercado) a criterios como el del cumplimiento de las recomendaciones en específicas para cada Estado formuladas, en el ámbito fiscal, por la Comisión Europea en el contexto del Semestre Europeo.
A la vista del preocupante panorama descrito y en aras del interés general, me atrevo a sugerir a Partido Socialista y Partido Popular que, de forma conjunta, presenten y apoyen para la Presidencia del Gobierno un candidato independiente de reconocido prestigio (como en su día se hizo en Italia con M. Draghi) que, en esencia, debiera centrar la acción de su gabinete en un programa económico consensuado y específicamente dedicado a equilibrar las cuentas públicas y reducir el paro.
La economía va bien (o muy bien) si tomamos como referencia el corto plazo (por ejemplo, lo que va de año).
Sin embargo, si ampliamos el periodo de análisis la cosa cambia radicalmente.
Así, tenemos que hasta este año no se ha alcanzado en nivel de actividad (PIB) previo a la pandemia de Covid-19 (una referencia en www.larazon.es/economia/espana-recupera-pib-prepandemia-casi-cuatro-an), lo que cuadra mal con la evolución de mercado laboral (como justificación se apunta la reducción de la economía sumergida; www.lavanguardia.com/economia/20230116/8684935/peso-economia-sumergida)
Por lo que oigo en los bares, mi impresión es que, fundamentalmente en relación a la gente de cierta edad y con hijos/nietos, la derecha lo tiene bastante fácil recurriendo a un argumento contundente que viene a ser del siguiente:
"La izquierda dice defender a los más débiles pero en relación a las generaciones futuras lo que hace es engordar la deuda pública practicando el dicho de que "el que venga detrás que arree".
Aunque ya creo que lo ha apuntado algún otro conforero, la OTAN no puede enviar tropas a la guerra entre Rusia y Ucrania porque este último país no es parte del Tratado del Atlántico Norte. Si Ucrania fuera miembro de la OTAN se activaría el Artículo 5 del Tratado que reza:
"Las Partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas y en consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la Parte o Partes así atacadas, adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada para restablecer y mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte.".
El envío de tropas violaría el propio Tratado que no contempla tal posibilidad y, desde la perspectiva de cada Estado miembro considerado individualmente, el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas.
Tras cuatro años en que las reglas fiscales europeas han estado “desactivadas” (en 2022 y 2023 sin un inequívoco amparo legal, a mi entender) y en que las reglas fiscales nacionales has sido "obviadas" (sin atender la exigencia legal de elaborar un “plan de reequilibrio” que debían haber aprobado las Cortes Generales hacia 2021), en materia de cuentas públicas tenemos que:
a) la Comisión Europea avisa en su Comunicación sobre orientaciones de la política presupuestaria para 2024 que los Estados miembros deben respetar la referencia del 3% del PIB como valor máximo del déficit público y -más difícil de lograr-
b) la Recomendación del Consejo de la UE relativa al Programa Nacional de Reformas de 2023 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2023 de España, entre otras cosas, plantea que en 2024 el incremento nominal del gasto primario neto financiado a nivel nacional no exceda en un 2,6% al del presente año.
Luego, en asunto de políticas socio-económicas el Gobierno que salga de las urnas tiene poco que hacer, porque el margen que queda tras atender la revalorización de las pensiones conforme al promedio del IPC y la actualización de los salarios públicos (pactado un mínimo del 2%) es muy pequeño.
A mi entender, con la anticipación de las elecciones (que en su fuero interno yo diría que considera perdidas), busca no deteriorar la imagen política -actual y futura- de Pedro Sánchez.
Digo actual, porque la situación del Gobierno de "coalición" era muy precaria y, tras los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, la posición del Pedro Sánchez en su partido bastante comprometida.
Y digo futura, porque en 2024 nuestro pobre país, con la activación de las reglas fiscales europeas, va a estar en situación de "cuasi" intervención económica, puesto que este año terminará superando el límite de déficit del 3% del PIB (lo que provocará la apertura de un procedimiento por déficit excesivo) y la sostenibilidad de la deuda pública acumulada (más de 1,5 billones) requerirá de "ajustes" (los impuestos ya no dan más de sí) o reducción de gastos. Pedro Sánchez no quiere asumir esta "patata caliente" que tiraría por los suelos su discurso económico basado en que su método para afrontar la crisis ha sido totalmente opuesto al adoptado por el Partido Popular ante la "gran recesión" de 2008.
Hay que empezar por eliminar la exención en el IVA que actualmente se aplica en los arrendamientos por "habitaciones" y "turísticos". Todos los propietarios que destinan inmuebles a alquiler son "empresarios" a efectos de este Impuesto (art. 5.Uno.c: A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales: En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes).
Sólo la especial atención que la Constitución presta a la vivienda (en el sentido de un lugar que pueda constituir la morada permanente donde una persona organiza su vida) puede justificar la exención en IVA. No creo que vivir en una habitación (sin poder cocinar, asearse y demás) pueda considerarse un lugar adecuado para desarrollar la vida
Dado que la exención en IVA implica la sujeción al ITP, debe mantenerse la exención prevista en este Impuesto para los alquileres con la finalidad prevista en el art. 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (satisfacer la necesidad permanente de vivienda). Por permanente debe entenderse aquélla que, en principio, no tiene un fecha concreta de finalización.
Quedarían sujetos a este último Impuesto (ITP) los alquileres destinados a necesidades temporales de vivienda (por ejemplo, trabajadores desplazados por un periodo estipulado, personas cursando estudios, estancias temporales por razones médicas y similares).
Creo que una cuestión importante que ha mermado y merma las posibilidades de la izquierda es la economía, en concreto, la cuentas públicas. Por ejemplo, a la gente mayor (que no quiere dejar problemas a sus descendientes o, al menos, no dejarlos más agrandados a como están en la actualidad) no le parece bien que se siga incrementado la deuda pública (en más de 300.000 millones desde que ganó la moción de censura el PSOE) y no se haga ninguna alusión al asunto.
En esta cuestión, a mi modo de ver, se comete un error que es el comparar los datos de PIB de las distintas fechas sin valorar que para determinar los mismos se restan las importaciones.
Entiendo que lo correcto sería comparar las cifras de demanda interna (consumo y formación bruta de capital) más demanda externa bruta (exportaciones) y no tomar en cuenta las importaciones puesto que en ellas no intervienen factores productivos nacionales.
Bajo la anterior consideración, el nivel de actividad pre-pandémico (es decir, de finales de 2019) se alcanzó ya a finales de 2022.
De futuro, el mecanismo automático, es decir a falta de acuerdo en el Congreso, previsto por el Real Decreto-ley 2/2023 (Disp. adicional segunda.3) para hacer sostenible el Sistema público de pensiones es incrementar la cotización al Mecanismo de Equidad Intergeneracional que es pagado en un 83,33% por el empresario y en un 16,67% por el trabajador.
Luego, con los debidos matices, a falta de acuerdo político, la revalorización de las pensiones correrá de cuenta de los empresarios que, en buena lógica, trasladarán el mayor coste laboral a los precios, lo que inducirá una menor competitividad de nuestra economía (nuestros bienes y servicios serán, en términos relativos, más caros que los de otros países competidores), que se traducirá una contracción de la actividad económica con la consiguiente menor necesidad de trabajadores ............. El final se puede prever.
#44 Una explicación clara y concisa.
Efectivamente, el rescate, como bien apuntas en la frase "el rescate fue a los depósitos, no a los accionistas o inversores", tenía como finalidad evitar que los depositantes (a la postre acreedores de las Cajas de Ahorros) entrarán en pánico e intentarán retirar sus fondos (esto hubiera provocado la suspensión de pagos de las entidades) y era necesario porque el Estado garantizó los depósitos de hasta 100.000€/depositante.
Ahora, tenemos a gente pidiendo que ¿no sé quien? devuelva las ayudas estatales recibidas, ya que no está claro el "sujeto ayudado".
#3 Gorgojorojo * 