El pasado mes de noviembre se descubrió el escándalo de las participaciones preferentes, que fueron adquiridas por un mínimo de 325.000 personas en todo el Estado español. La emisión de las participaciones preferentes comenzó durante la década pasada y se generalizó a partir de 2009. Sólo desde esa fecha, la banca ha emitido por valor de 12.000 millones de euros, buena parte de los cuales (casi 4.900) corresponden a La Caixa, la entidad que colocó más. Se trata de valores o inversiones en renta fija, que, en la práctica, implican convertirse en accionista de la entidad financiera que las ha emitido comprando su deuda. Se negocian en la bolsa, de modo que se exponen a pérdidas importantes y, el gran quid de la cuestión, son valores a perpetuidad, es decir, no tienen fecha de vencimiento. Por lo tanto, la entidad devolverá el capital inicial cuando lo desee, pagará intereses sólo si tiene beneficios y es libre de no hacerlo. El dinero invertido no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos y, por tanto, si el banco o la caja quiebra, la persona los pierde. Para recuperarlos, es necesario que las participaciones se vendan en los mercados bursátiles al precio que se pague, este año muy inferior al valor nominal, la cifra que se invirtió inicialmente.