Son algunos de los muchos mensajes difundidos en el grupo de WhatsApp llamado K-Team Manada –conocidos como 'la manada' de Castelldefels, del que cinco miembros están procesados por agresión sexual, revelación de secretos y pertenencia a "grupo criminal para cometer delitos contra la indemnidad sexual", tal como considera la Fiscalía. Se trata de una de las primeras veces que se reclama a un juzgado aplicar una condena por esta tipología delictiva en casos de violación.

Un juzgado impone una pena de 20 meses de cárcel a la mujer y condena a la empresa como responsable civil subsidiaria

Isidro Lozano estuvo un año en la cárcel por el testimonio de dos hombres, uno de ellos familia de su mujer, que lo involucraron en una agresión en la que no había participado. Después de que Isidro demostrara su inocencia, gracias a un recurso extraordinario de revisión ante el Supremo, el Juzgado de Instrucción número 4 de Estepona ha procesado por denuncia falsa a quienes lo acusaron de unas lesiones que él no causó. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para las víctimas de la agresión, ahora investigados y acusados de mentir.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Cádiz ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho a una gaditana que trabaja de cajera en Carrefour y que se encuentra en situación de insolvencia, exonerándola del pago de una deuda de 28.527,73 euros.

La Audiencia Provincial (AP) de Pontevedra ha condenado a dos años, siete meses y quince días de prisión a un hombre que, tras ser interceptado robando tres paquetes de solomillo, un paquete de helados, dos paquetes de queso y tres de chopped en el Lidl, logró zafarse del guarda de seguridad propinando sendas patadas al aire

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó la absolución al periodista José Manzaneda, demandado por una expresión en un artículo sobre Cuba. También fue absuelta la asociación Euskadi-Cuba, acusada al ser la dueña del dominio web del medio Cuba Información, en el que se publicó el artículo denunciado.

Utilizaba para sus negocios a migrantes irregulares, con jornadas de doce horas, sin poder disfrutar de ningún día libre a la semana y con un sueldo muy bajo. El acusado, que es la segunda vez que es condenado por el mismo delito, tendrá que cumplir una condena de cuatro años de cárcel, al aplicar el tribunal la agravante de reincidencia. Además, tendrá que indemnizar a los cuatro empleados que sufrieron esta situación de explotación.

Teresa Lorenzo Establier y Salvador Alba incorporan a la querella contra el periodista Carlos Sosa (por revelación de secretos, odio y acoso) una causa reservada del Juzgado de Violencia 1 de Las Palmas en la que ella ejercía como letrada de la Administración de Justicia. En la causa aportada por Lorenzo y Alba se pueden leer no solo la identidad y los detalles de los episodios de violencia sexual, física, psicológica y económica, así como amenazas de muerte sufridos por la denunciante, sino sus escritos de queja contra el juzgado...

La Audiencia Provincial de Barcelona ha dado a conocer el fallo contra el editor ultraderechista, uno de los principales activistas hitlerianos en España. El resto de acusados en el procedimiento judicial han sido absueltos.

La Sala de lo Social ha rechazado las alegaciones del trabajador, quien defendía que su participación en los festejos taurinos de diversas localidades se debía a su gran afición por los toros y que no recibía ninguna remuneración económica por ello. Su presencia en los festejos no se debía a su gran afición, ya que fue fotografiiado cargando, descargando y transportando barreras de contención de los toros

El magistrado Rafael Passaro, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, ha admitido a trámite una querella presentada por Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, contra el exjuez Salvador Alba y su pareja, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo, por los presuntos delitos de descubrimiento de secretos y desobediencia a la autoridad judicial.

El hombre, además, ha vuelto, al menos, una vez más a quebrantar la orden de alejamiento. Y lo más grave es que, según el abogado de la familia de la niña, todo sigue igual. No consta que el condenado haya recibido ya el requerimiento judicial que le impide acercarse a la víctima. Si volviera a acercarse a la niña, tampoco tendría que ingresar en prisión.

El TJUE concluye que la persona afectada debería haber cobrado 60.101 euros en lugar de 10.500 porque todos los trabajadores tienen derecho a las mismas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, también los que están subcontratados, como era en este caso mediante Randstad. Por ello “se opone” a la “jurisprudencia nacional” según la cual la indemnización “es de un importe inferior” para los trabajadores de ETT que para trabajadores en la misma situación pero contratados directamente por la empresa usuaria.

El magistrado cambia por segunda vez de Policía Judicial después de que la investigación se estancara ante la falta de nuevos datos para apuntalar la tesis de la injerencia rusa..

Denuncian “indefensión” al no ser informados para presentar alegaciones contra esta decisión pese a estar personados en la causa, por lo que consideran que se trata de un “acto procesal nulo de pleno derecho” a la vez que critican la “complacencia con los grandes latifundistas” por parte de las autoridades.

El caso Hachette v. Internet Archive fue presentado por editores de libros que se oponían a la biblioteca de préstamos digitales del archivo. Cabe destacar que el fallo del tribunal de apelaciones rechaza el argumento de Internet Archive de que sus prácticas de préstamo estaban protegidas por la doctrina del uso justo, que permite la violación de derechos de autor en ciertas circunstancias, calificándola de "poco convincente". Una decisión que podría tener un impacto significativo en el futuro de la historia de Internet.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha vuelto a absolver al excomisario José Villarejo del delito de cohecho en tres piezas del caso Tándem (Iron, Land y Pintor) y le mantiene así la condena que le impuso a 19 años de cárcel por revelación de secretos y falsedad en una sentencia que fue anulada y que la Sala de Apelación le ordenó repetir.

Además, el auto remarca que existe un vídeo, aportado por Abogados Cristianos donde se visiona a la joven caminando con muletas. Por eso, la juez insiste en que "la lesión medular que refieren los informes en cuanto que es irreversible su situación funcional genera dudas a esta proveyente, y en cuanto a su patología psíquica no entiendo que pueda ser irreversible, pues se alude en los informes sobre el tratamiento que se está siguiendo".

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la multa de 38.000 euros que la Xunta impuso a la fundación gestora del geriátrico por cometer seis infracciones, tres de ellas graves y una muy grave. [...] Finalmente, el TSXG recordó que las medidas de contención física en centros de mayores deben ser siempre una última opción, utilizadas únicamente cuando no hay alternativas y bajo estricta supervisión médica, algo que no se cumplió.

También han acudido a los tribunales la asociación Memòria de Mallorca y los familiares de Maria y Antònia Flaquer, dos de las conocidas como 'Rojas del Molinar'. A juicio de la entidad, los hechos "dejan patente la falta de debido respeto a tres mujeres víctimas de graves violaciones contra los derechos humanos"

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado una condena de multa de 2.880 euros por un delito de daños para un grafitero, al que se le atribuye la firma de Seik, por haber pintado tres vagones de Renfe en la estación de Tafalla, que tuvieron que ser inmovilizados, lo que afectó al tráfico ferroviario.

Un individuo que ahora tiene 37 años de edad ha sido condenado a 11 años y medio de cárcel por un delito continuado de abuso sexual cometido contra una niña, hija de la mujer con la que vivía en Murcia.

Hace una década se estableció por ley que no recibirían una pensión, como pedían, para afrontar la vejez que ya les llegaba a los primeros afectados, pero sí serían indemnizados con 12.000 euros por punto de discapacidad reconocido. La ley no se cumplió y en 2018 la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) reclamó ante la justicia. En noviembre del año pasado los primeros afectados comenzaron a cobrar esa ayuda.