Durante un periodo de al menos 10 meses, Google mantuvo indexado un indulto publicado en el BOE en el año 1999 a pesar de que existía una Resolución de la Agencia de Protección de Datos que le obligaba a retirarlo y de que la web del Boletín Oficial había utilizado el fichero robots.txt para evitar la indexación de ese concreto indulto. Google es ahora condenada a indemnizar al afectado con 8000 euros.
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