12 años encargándose del desplazamiento de los sanitarios del hospital Gregorio Marañón para la atención domiciliaria, pero la CAM les ha quitado el contrato, una empresa VTC se encarga hoy del servicio por más de 200.000 euros. No es la única decisión de la Comunidad de Madrid que perjudica al servicio público del taxi en favor de la empresa privada. En pandemia concedió un contrato a dedo de 7.200 euros diarios a Uber, una empresa que no tributa en España, mientras 16.000 taxistas apenas trabajaban porque los ciudadanos estábamos confinados.
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