La idea, más bien sueño o utopía de que Portugal y España formaran un nuevo y único estado ibérico surge periódicamente en los debates más o menos intelectuales de ambos países, pero también de muchos expertos internacionales interesados y creyentes en el tema. El resultado sería un país de 60 millones de habitantes con múltiples ventajas para sus ocupantes, y no menos retos. En este vídeo exploramos qué pasaría si esa hipotética unión ibérica se hiciera realidad, o al menos un ente común superior como la Commonwealth o el Benelux.

El país luso ha reducido la producción eléctrica a base de gas, recortando el coste del plan ibérico para sus consumidores, mientras ha elevado la entrada de electricidad asequible, subvencionada por los españoles

Así son sus Fuerzas Armadas, sus debilidades y fortalezas. Los dos países mantienen excelentes relaciones pero no se materializan en hechos concretos: objetivos e intereses diferentes y el miedo luso a ser “engullidos” por España impiden una auténtica integración.

España dispone del 37% de la capacidad de regasificación de la Unión Europea y, que junto a Portugal, posee casi la mitad del almacenamiento del gas licuado. Ha destacado que representan una oportunidad para la Unión Europea (UE) de reducir su dependencia energética de Rusia. Por ello, ha subrayado la necesidad de aumentar las interconexiones entre la Península Ibérica y el resto del mercado europeo, «el único problema es la interconexión».

La Península Hibérica ha sido declarada una isla energética, lo que contribuye a que el precio del gas no repercuta en el precio de la electricidad. Bruselas ha dicho que en el precio de la ciudad que se vende a Francia, no se puede repercutir el precio del gas. ¿Quien va a pagar ese sobre costo? ¿Lo pagaremos los españoles? ¿Se generará más deuda?

El plan de subir impuestos del Gobierno español a partir de 2022 empieza a ser un caso aislado en el sur de Europa. El Gobierno socialista portugués de António Costa, ha presentado ya un programa de estabilidad a Bruselas en el que promete bajar la presión fiscal hasta 2025 y descarta tocar los principales impuestos tanto este año como el próximo.

Ese matrimonio de conveniencia entre dos países fronterizos que no tienen disputas territoriales ni enemistades declaradas, pero sí intereses compartidos, es supuestamente visto con simpatía en la calle. Una encuesta del Real Instituto Elcano reflejaba en 2016 que el 68 por ciento de los portugueses estaba a favor de reforzar la unión hispano-lusa, un apoyo parecido al que muestran los españoles. Esos sondeos, sin embargo, tienen su letra pequeña: suelen estar influidos por el malestar del momento con el propio gobierno.

El Gobierno luso da prioridad a la línea Oporto-Vigo y acusa al español de tratar de "casi imponer" la conexión con la capital. En la XXXI Cumbre Hispano-Portuguesa del pasado 10 de octubre, un elemento crucial para la colaboración entre ambos Estados provocó fricciones entre las dos delegaciones. Frente a la apuesta de España por un AVE Lisboa-Madrid, Portugal defiende abiertamente la conexión en alta velocidad con Galicia, con un tramo que dejaría Vigo y Oporto apenas a 55 minutos en tren, frente a las dos horas y media actuales.

- Ha utilizado el Ministerio del Interior y a la Policía para espiar a rivales políticos. - La Guardia Civil confirmó el dopaje del partido en varias elecciones, incluidas las últimas en las que llegó al gobierno. - Ha controlado la Justicia 22 de los últimos 27 años bloqueando el Poder Judicial y se ha jactado de controlarlo “por detrás”. - Su sede central está reformada con dinero negro. - El Tribunal Supremo confirmó su financiación irregular durante 20 años. - Copa el 86% del coste de los 387 “casos aislados” de corrupción en España

Reivindican la oficialidad de Euskal Selekzioa para que pueda participar en competiciones oficiales internacionales

La representante de Podemos en el Parlamento Europeo comenta las decisiones judiciales de Miguel Frontera, Marchena y el Tribunal Supremo.

El Gobierno ha presentado este lunes su sistema de verificación de la mayoría de edad en el acceso a contenidos para adultos en internet. La herramienta finalmente escogida, después de manejar varias, ha sido una especie de carnet digital con un bono de 30 accesos válido durante 30 días que permitirá entrar a los adultos en páginas pornográficas tras identificarse con su DNI electrónico. Podrán usar tres veces la misma credencial dentro de la misma plataforma. El objetivo es impedir que niños y adolescentes menores de 18 años puedan entrar.

En 2010, el 92% del sistema se sostenía con cuotas aportadas por trabajadores. En 2023, es el 70% (a pesar de encarecer cotizaciones). En 2010, el Estado transfería el 6,2%. En 2023, transfirió el 23%.

Lo de la renovación del CGPJ entre PP y PSOE en una imagen.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha defendido este miércoles la infiltración de policías en movimientos sociales. El Ministerio del Interior sostiene que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que data de 1986, justifica este tipo de actuaciones. En los últimos meses, la prensa ha destapado hasta ocho casos de agentes infiltrados en colectivos sociales de Madrid y Barcelona. Las asociaciones afectadas sospechan que la cifra real es todavía más alta, pero Interior ha rechazado en numerosas ocasiones ofrecer datos

Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, ha criticado este viernes la decisión del juez instructor Joaquñín Aguirre de pedir al Tribunal Supremo que investigue al expresidente de la Generalitat por presunta traición en una pieza separada sobre la llamada trama rusa: "Los psicotrópicos son peligrosos" y causan delirios, ha dicho.

El PSOE ha pactado con Podemos "romper" la cuota mínima de hombres exigida en la Ley de Paridad para que las mujeres puedan ocupar más del 60% de los puestos en los órganos públicos o en las direcciones de las empresas cotizadas del sector privado. Este acuerdo, que se ha dado vía enmienda transaccional para atar los votos morados, da un vuelco al concepto de la ley impulsada por el PSOE, pues una de las premisas de dicha norma era blindar un equilibrio por sexos para que ninguno de los dos superara el umbral del 60%.