El viaje del Partido Popular a Venezuela ha levantado serias dudas acerca del manejo de los recursos públicos. Según informes, los billetes de avión y otros gastos relacionados con la travesía han sido pagados con dinero proveniente del Congreso de los Diputados, del Senado y del Parlamento Europeo. Esta situación plantea una pregunta: ¿cómo es posible que los gastos de un viaje de carácter político personal sean cubiertos con fondos destinados a actividades institucionales?

En Vox respetamos las opciones sexuales de cada uno, pero no pueden ser base para reclamar privilegios o para recibir favores económicos con cargo a los presupuestos de las administraciones

"Si los viajes de estos cargos del PP han sido sufragados con dinero público, estaríamos ante una utilización espuria de los impuestos de todos los españoles para una absurda fotografía en el aeropuerto de Caracas"

Baldoví acusa a los populares de haber ido a “aplaudir a Ayuso” con dinero de todos los valencianos

Desde ‘La Voz de Galicia’ hasta el canal de extrema derecha de Javier Negre, los últimos dos presidentes de la Xunta de Galicia han repartido entre la prensa más acrítica con la gestión de sus gobiernos al menos 3.686 contratos sin concurso previo.Esta síntesis ha sido posible gracias al análisis de 1.034.964 contratos menores realizada por El Salto en el que se ha revelado que al menos 3.686 de esas licitaciones.

En opinión de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón "el anuncio del señor Azcón de que redistribuirá los fondos europeos de sostenibilidad turística en proyectos para el sector de la nieve por valor de 57 millones de euros, muestra la ausencia de política de este ejecutivo para afrontar el futuro más que incierto de las estaciones de esquí aragonesas y el efecto del cambio climático en nuestro Pirineo"

Madrid organizará desde el 2026 uno de los grandes premios de Fórmula 1 hasta el 2035. El evento del 'Gran Circo' en Madrid, según ha asegurado las partes, estaría financiado en su cien por cien con la aportación de empresas privadas, con Ifema Madrid como promotor de la cita, y supondría un impacto económico para la capital de España más de 450 millones de euros anuales, generando más de 8.000 puestos de trabajo directos. Comunidad y Ayuntamiento aseguraron que iba a tener "coste cero", pero ya está costando los primeros miles de euros

660 millones € públicos costará el megaproyecto fallido de Esperanza Aguirre de 'Ciudad de la Justicia' que ahora recupera Ayuso. PP Madrid "dilapidó", "tiró a la basura" 350 millones € públicos (el dinero no está ni en basura ni dilapidado. Ya sabéis dónde).

El 27 de marzo el ex alcalde Rodríguez y su equipo de concejales recibían el sello Infoparticipa en el Salón de Plenos. La alegría fue tal que decidieron ir a celebrarlo a un conocido restaurante complutense con cinco personas más. En un alarde de austeridad el ex primer edil pidió un menú del día, aunque eso sí con un extra de bebidas, el coste no fue excesivamente alto 102,6 pero a Rodríguez se le olvido un pequeño detalle antes de abandonar la alcaldía tras perder las elecciones. Pedir las facturas para pagarlas.

“Suprimiremos todos los organismos ideológicos y subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y otros entes jurídicos. No habrá igualdad entre los españoles mientras una casta privilegiada viva del esfuerzo del español de a pie”. Esa es la teoría en el programa electoral de Vox. La práctica, que la Fundación Disenso, el brazo ideológico del partido que preside Abascal, se presentó en 2021 y 2022 a todas las subvenciones que Cultura y Exteriores dan a las fundaciones vinculadas a partidos políticos. Obtuvo casi 220.000 euros, que destinó a di

El Gobierno de José María Aznar contrató por dos millones de dólares a una conocida empresa de abogados de Washington para promover la imagen del ex presidente del Gobierno español en EEUU y para lograr las firmas necesarias que requiere la concesión de la medalla de oro del Congreso.

Garantizar el acceso a la vivienda no es una prioridad para Isabel Díaz Ayuso, aunque el dinero destinado a salvaguardar este derecho básico provenga del Estado. El Gobierno de coalición ha aprobado múltiples ayudas para este cometido y ha destinado partidas millonarias a las Comunidades Autónomas, competentes en materia de vivienda, para repartirlas entre la ciudadanía. El Bono del Alquiler Joven, aprobado en enero de 2022, es una de ellas y está dotada con 200 millones de euros anuales, de los cuales 31,8 millones corresponden a la Comunidad

El 18 de febrero de 2013, la web del Ayuntamiento de Tarragona publicaba una noticia en la que se anunciaba la unificación de cinco empresas municipales mediante un solo ente de gestión, la Agrupación de Interés Económico (AIE).

El Gobierno de Madrid ha repartido un millón de euros a medios para publicitar su gestión de las residencias. Cuesta decirlo sin atragantarse: Ayuso ha utilizado un millón de dinero público para vender como buena su trágica gestión de los geriátricos, y una serie de medios se lo han comprado y se supone que nos lo han vendido. Son los problemas que puede acarrear la llamada publicidad institucional, si es falsa no es tal, sino propaganda maliciosa.

En las últimas semanas la presidenta de la Comunidad de Madrid y su gobierno han estado realizando anuncios en actos institucionales o publicando nuevos proyectos con los medios públicos. Es cierto que no se trata de actos del Partido Popular, sino que se está aprovechando la actividad institucional para realizar promesas o anunciar inversiones que no se ejecutarán hasta después de los comicios. Por algo parecido en pasados comicios, la presidenta madrileña ya ha sido condenada por la Junta Electoral.

Un informe del interventor de la Diputación de Granada desvela que la regidora Luisa García Chamorro percibió dicha cantidad en 2020 para "costas procesales", un año después de ser multada por calumniar a un ex alto cargo de Visogsa, la empresa provincial de vivienda. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), no solo cobró dinero público procedente del Consistorio que dirige para pagar una condena por injurias, sino que también percibió fondos de la Diputación de Granada para el mismo fin.

Un grupo de asesores del Ayuntamiento de Madrid, junto al presidente de Nuevas Generaciones de la región y algunos estudiantes, trataron de interferir en las elecciones al rectorado de la Complutense.

El vídeo del PP criticando las vacaciones de Pedro Sánchez ha vuelto a reabrir el debate sobre cómo las formaciones utilizan sus cuentas oficiales en X, Instagram o TikTok. Esta no es la primera vez que Génova utiliza sus redes sociales para cargar contra la gestión del Gobierno. [...] El PSOE también se ha subido al barco de la confrontación y utiliza desde hace meses sus cuentas en Twitter o Instagram para cuestionar el papel de la oposición y alertar de sus discursos xenófobos, retrógados o machistas.

Impartir religión en la educación pública es incompatible con RGPD. Impartir la asignatura de religión en centros públicos obliga a declarar sobre religión, cosa que no permite art 16.2 CE "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.". Incluso sin entrar en RGPD, hay una aparente colisión entre artículo 16.2 de la Constitución Española: "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias" Para mi la clave es que artículo 27.3 no indica que esa formación religiosa se deba realizar..

Este recorte no es un simple error administrativo. Es una clara traición a las promesas hechas a la ciudadanía madrileña y un ataque frontal al sistema educativo público. A esto se suma el anuncio de la creación de un CEIP en Navalafuente y cuatro IES en Morata de Tajuña, Campo Real, Loeches y El Boalo. Pero, ¿dónde están los fondos para construirlos? Ninguna de estas inversiones aparece en el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2024, lo que pone en evidencia la improvisación y la falta de compromiso real por parte del gobierno regional.

Declaración de la agrupación juvenil anticapitalista y revolucionaria, Contracorriente, ante el nuevo plan de ajuste contra la universidad pública de Ayuso en Madrid.

Desde el pasado mes de junio, la Diputación de Toledo, que gobiernan el PP y Vox, tiene vigente un convenio con Cáritas para la concesión de ayudas sociales destinadas a familias vulnerables con hijos a su cargo en pueblos de menos de 6.000 habitantes. En total, 183 localidades de la provincia. Está dotado con 300.000 euros hasta final de año y es la entidad diocesana la que se encarga de evaluar los casos conforme a los criterios de sus trabajadores y trabajadoras sociales.

1º.- Para beneficiar económicamente a su familia– Feijóo cede la gestión de las 50 residencias sanitarias públicas a la empresa Eulen. 2º.- Para favorecer con dinero público la empresas privadas (que recorta de la Atención Primaria). Núñez Feijóo, como otros muchos políticos neoliberales, no tiene ningún interés en la Sanidad Pública ya que como paciente utiliza la sanidad privada cuando tiene problemas de salud, como en su reciente intervención por desprendimiento de retina.

Meses con retrasos en las nóminas, falta de personal y condiciones precarias. Este es el escenario al que se enfrenta el profesorado de las nueve escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid que gestiona Atreyu Blota Carto SL ante la actuación de la empresa y la consiguiente inacción del equipo de Isabel Díaz Ayuso, a cuyo cargo se encuentra este servicio público.

EsRadio y Libertad Digital son dos de los medios favoritos de la Comunidad de Madrid para inyectarles ingentes cantidades de dinero público cada año en forma de contratos de publicidad institucional. Tan solo en 2023, Ayuso contrató publicidad institucional con los medios de Jiménez Losantos por valor de 560.544 euros más IVA. Si sumamos el Gobierno de Ayuso, una de sus empresas públicas y el Ayuntamiento de Almeida, Jiménez Losantos recibe unos 785.000 euros al año.

El centro público sanitario de referencia en la capital catalana enfrenta la época estival con unos 400 profesionales y 272 camas menos después de una campaña de "no renovaciones" de contratos temporales e incluso de cierre de plantas.

La Universidad madrileña –la pública– se ahoga. Se ahoga en deudas desde hace años, tirando de remanentes o recortando gasto por las esquinas para cuadrar las cuentas ejercicio tras ejercicio, no siempre con éxito. Se ahoga con la menor inversión por alumno de España, pese a ser la comunidad autónoma más rica, y con las tasas más altas, a la vez que compite con un sector privado que se expande por la región sin un final visible. Se ahoga, ahora también, con un proyecto de ley autonómica que, advierten los rectores, podría chocar con la LOSU.

Los esfuerzos del Gobierno andaluz por hacer ver que el desembarco en Sevilla de la Universidad Pontificia Comillas, con la adscripción de la Escuela de Enfermería San Juan de Dios, no supone una nueva universidad privada en Andalucía han resultado en vano, vista la durísima reacción de todos los rectores de las universidades públicas.