La presentación del listado de los bienes inarticulados ilegalmente por parte de la Iglesia Católica ha generado un desaguisado jurídico que el Gobierno ahora pretende sancionar y dar conformidad al mayor expolio de patrimonio histórico ocurrido en España y en Europa con un vergonzoso informe que precede al listado. El gobierno, en boca de la Vicepresidenta primera, difiere las posibles reclamaciones a los ayuntamientos o la persona físicas que se vean perjudicadas por tal o cual inmatriculación.
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