Ignacio Garriga, secretario general de Vox: "En Castilla y León se va a aplicar el protocolo de medidas sobre el aborto que anunció García-Gallardo"

Declarada la falta de legitimación de los recurrentes, el pleno empieza a deliberar el fondo del recurso más longevo del tribunal. El pleno del Tribunal Constitucional ha seguido el criterio que marcó este martes al rechazar la abstención de la magistrada Concepción Espejel y ha rechazado de plano por falta de legitimación el escrito de cinco diputados del PP que recusaban por distintos motivos al presidente, Cándido Conde-Pumpido, y a los magistrados Inmaculada Montalbán y a Juan Carlos Campo para tratar de evitar su presencia en las deliberac

Debemos empezar a revisar la narrativa general sobre el aborto. Me da la impresión de que está construida, oh sorpresa, por voces bastante alejadas de haberlo vivido en primera persona.

El presidente de Castilla y León y su socio de Vox protagonizaron un duro enfrentamiento el jueves 19 justo antes de la reunión de Gobierno a propósito del polémico protocolo anunciado una semana antes para promover la natalidad. En el choque ambos profirieron duras descalifiaciones y no llegaron a ninguna conclusión sobre las medidas que adoptará la Junta

Escuchar el latido fetal fue la medida anunciada por la extrema derecha en Castilla León. La Consejería de Sanidad las desmintió, pero en este programa analizamos qué hay detrás de una medida propia de la precuela de “El Cuento de la Criada”. Más allá de tratarse de una ocurrencia, la estrategia del latido forma parte de la ofensiva ultra, la liga antigénero que desde Washington hasta Hungría amenaza con retroceder en cuanto a los derechos de las mujeres se refiere.

La realidad es que en Jaén no existe ningún hospital público ni clínica privada que realice interrupciones de embarazos, por lo cual las mujeres deben desplazarse a Granada (100 kilómetros), Málaga (200 kilómetros) o Sevilla (250 kilómetros) para poder abortar. "Los casos más serios suelen derivarse a Sevilla", añade Peragón. Esto, afirma, va contra la ley vigente, pero "es especialmente duro para aquellas mujeres más vulnerables y empobrecidas. Algunas incluso han seguido adelante con un embarazo no deseado por falta de medios y capacidad".

El Gobierno levanta la amenaza sobre la Junta de Castilla y León, después de que transcendiera el protocolo con medidas antiabortistas anunciado por Juan García- Gallardo (Vox) el pasado 12 de enero, pero permanecerán vigilantes. Según un comunicado emitido por Moncloa, desde el ejecutivo autonómico han dado respuesta al requerimiento enviado por la administración central y han acatado su contenido.

«¿Qué tiene de malo ofrecer escuchar el latido del corazón de tu hijo? He tenido la suerte de vivirlo en tres ocasiones y sólo puedo decir que es una vivencia única», defiende el senador cántabro, que ve con buenos ojos la propuesta del vicepresidente de la comunidad vecina –Juan García-Gallardo, de Vox– y que, lejos de considerarla un error, entiende que podría ser aplicable de forma general.

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo (Vox), anunció un “protocolo de latido fetal y registro cardíaco” que, según la Consejería de Sanidad (PP), iba a entrar en vigor el 16 de enero El 16 de enero, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), dijo que no cambiarían el protocolo, aunque mantuvo las medidas anunciadas Vox amenazó con salir del Gobierno pero horas después dijo que solo revisaría el acuerdo de investidura

El PP europeo ha forzado un bronco debate en Bruselas en el que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Évelin Régner, ha señalado que las medidas propuestas por el gobierno regional "no hace que haya menos abortos, solo más peligrosos"

El protocolo antiaborto reclamado por los ultras en Castilla y León opaca los fichajes y el argumentario del PP. La ultraderecha se apunta dos triunfos: recuperar foco y colar en el debate público el aborto.

El Gobierno de PP y Vox en Castilla y León ha colapsado seis días después de que anunciase en una rueda de prensa unas medidas que eufemísticamente se denominaron “provida” y de “fomento de la natalidad” pero que en realidad eran antiaborto. En un huracán político que puede acabar con el pacto, el Partido Popular ha impuesto el silencio a sus cargos, ni una filtración, ni un comentario a los medios, cerrojazo informativo.

El PP no quiere entrar en el debate del aborto por puro cálculo político; porque sabe que divide a sus votantes, mientras moviliza a los de izquierda. Pero ¿qué pasará si el apoyo de Vox se vuelve imprescindible para que Feijóo llegue a La Moncloa?

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha declarado que su partido "no dará ningún paso atrás" en el plan antiaborto anunciado en Castilla y León y ha amagado con salir del ejecutivo autonómico si el PP incumple: "Si no se cumplen los acuerdos tendremos que revisar si seguimos en el gobierno", ha dicho.

La propuesta de Vox toca derechos que tienen que ver con la objeción de conciencia de los médicos, con el catálogo de servicios básicos que el Estado debe ofrecer a los pacientes y con el esquema de competencias de las comunidades autónomas, que no pueden tocar dicho catálogo. Los facultativos están cuestionando que tenga sentido una ecografía de alta resolución por debajo de la novena semana de gestación -que es cuando se producen el 75 por ciento de los abortos-, y que dicha prueba sería relevante durante el segundo y tercer trimestre.

Sus leyes como presidente de la Xunta dieron promoción legal a la entidad antiabortista "Red madre", que en los últimos cuatro años recibió 300.000 € de dinero público.

El Consejo de Ministros aprobará hoy un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación a "actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior".La Junta tiene un plazo de un mes para contestar.