El Gobierno da por muerta la reforma de la ley mordaza. Tras 5 años de mayoría parlamentaria de izquierdas y salvo sorpresa, la Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por el Ejecutivo de Rajoy frente a una enorme contestación social, sobrevivirá intacta a la legislatura de Pedro Sánchez. Su derogación llegó a plasmarse como uno de los compromisos del gobierno de coalición progresista incapaz de pactar con los aliados parlamentarios la reforma. De fondo,protestas de la Policía y Guardia Civil, factor determinante en opinión de los socios del PSOE

Los fiscales aseguran que el clan policial trató de borrar las supuestas grabaciones que Bárcenas aseguraba haber realizado de conversaciones que mantuvo con el expresidente del Gobierno.

Con los cuatro líderes del partido al frente, la derecha ha retrasado o impedido la renovación de órganos imprescindibles para el funcionamiento institucional del país siempre que la correlación de fuerzas le era desfavorable. España sufre uno de sus peores conflictos institucionales: el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP y la derecha judicial desde hace cuatro años. Una profunda crisis que ha provocado una situación inédita desde la restauración de la democracia: el Tribunal Constitucional ordenó hace dos semanas a

La guerra sucia contra Podemos no tuvo una única batalla, sino que fue una sucesión de escaramuzas contra el partido y sus dirigentes que se prolongó a lo largo de meses. Hasta ocho testigos sitúan detrás de esas maniobras a la llamada policía patriótica, un grupo de agentes que funcionó durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior con el objetivo de perjudicar a rivales del PP. Sus relatos encajan como las piezas de un puzle y reflejan una dinámica generalizada.

La Fiscalía se ha opuesto a la suspensión cautelar solicitada por el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para frenar la comisión rogatoria remitida por las autoridades andorranas para determinar si su Ejecutivo dio órdenes ilegales para investigar a dirigentes catalanes por sus vínculos con el independentismo, lo que se llamó la 'Operación Catalunya'. Rajoy, uno de los investigados, ha intentado paralizar la comisión rogatoria reclamada por la justicia andorrana.

El ex presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ya ha visto que la querella andorrana contra él y contra sus ex ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz no es ninguna broma. Ahora prueba desesperadamente de detener la investigación por la que la edil Stéphanie García García les ha encausado por indicios de haber cometido delitos muy graves que atentan contra la soberanía andorrana: coacciones, amenazas, extorsión y chantaje a autoridades andorranas, Rajentre ellas, el ex jefe de gobierno Antoni Martí y los responsables de la BPA

A Rajoy le han preguntado por la actual crisis energética y el expresidente se ha despachado con una afirmación que a algunos les ha llamado la atención: "España tiene que tener independencia energética". Rajoy también ha propuesto que "transitoriamente, gas y nuclear tuvieran un tratamiento similar a renovables", que no se anuncien cierres de centrales nucleares –"es un disparate"– y que tampoco se cierren centrales térmicas.