La corte de garantías ha rechazado el recurso de Vox contra una disposición adicional de la ley de Ingreso Mínimo Vital que prevé que las comunidades autónomas de régimen foral asuman, previa firma de un acuerdo con el Estado, la gestión y pago de dicha prestación en su territorio.

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, no ha descartado este martes que su partido deje de presentar recursos ante el actual Tribunal Constitucional (TC) porque lo considera “un cáncer del Estado de Derecho” en las actuales condiciones.

Feijóo: No existen antecedentes de que el Tribunal Constitucional corrija al Supremo. Bastan 5 minutos en Google para comprobar que es mentira

El Tribunal Constitucional será una vez más el campo de batalla en el que los partidos libren algunas de sus principales batallas políticas a lo largo de este año. Será el destino más inmediato de la futura ley de amnistía cuando las derechas presenten sus previsibles recursos y dictará sentencias sobre normas como el Ingreso Mínimo Vital, la ley trans, la del 'solo sí es sí' o la reforma que derogó el delito de sedición, además de otras como la reforma del aborto o la Ley de Memoria Democrática.

El Partido Popular está hasta el tejado de la sede de la calle Génova de que las cosas no le salgan bien, por eso se ha atrincherado en el Senado con su mayoría absoluta y este martes aprobó la reforma del artículo 133 del reglamento para alargar hasta el infinito y más allá, si pudieran, la aprobación de la propuesta de ley de amnistía del PSOE y sus socios parlamentarios, que según todos los portavoces consultados, tiene la mayoría absoluta asegurada y, por tanto, luz verde para su entrada en vigor.

"(...) es erróneo razonar sobre el indulto y la amnistía como figuras cuya diferencia es meramente cuantitativa, pues se hallan entre sí en una relación de diferenciación cualitativa, es lo cierto que la Ley 1/1984 ni siquiera supone en sí misma manifestación del ejercicio del derecho de gracia, (...)el problema está en determinar si el legislador, que podía precisar ese régimen jurídico, pues no hay restricción constitucional directa sobre esta materia, no ha vulnerado con el contenido de la referida ley otras previsiones constitucionales."

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reprochado al Tribunal Constitucional (TC) que desestimara un recurso de seis jueces españoles que denunciaban el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (,). Los seis presentaron su candidatura en el 2018 para formar parte de este órgano. Según el TEDH, la "falta de justificación" en su decisión a pesar de "la evidente importancia, aparente novedad o rareza legal de los aspectos" planteados por los denunciantes. Justamente,

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado en su Pleno de este miércoles el recurso de súplica presentado por el ex ministro Federico Trillo, en un último intento de que la corte de garantías corrigiera su decisión de no aceptar las recusaciones lanzadas contra cuatro magistrados para apartarlos de la deliberación de la sentencia sobre la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero.

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de Cayetana Álvarez de Toledo y ha decidido avalar que Meritxell Batet, presidenta del Congreso, retirase del diario de sesiones sus palabras sobre el padre de Pablo Iglesias, al que acusó desde la tribuna de ser “hijo de un terrorista”. La diputada del Partido Popular pronunció estas palabras en mayo de 2020, cuando todavía ostentaba la portavocía del partido de Pablo Casado en la cámara baja y cuando Pablo Iglesias todavía ostentaba la vicepresidencia del Gobierno.

Con nueve votos a favor y dos en contra, el máximo intérprete de la Constitución ha desestimado íntegramente un nuevo intento de la derecha de anular en los tribunales medidas legales que suponen un reconocimiento de nuevos derechos. El fallo avalando la ley de eutanasia se suma a otros dictados por el Constitucional en el mismo sentido como el aborto, el matrimonio igualitario o la ampliación de los permisos de paternidad.

La Xunta de Galicia está en contra del impuesto sobre las grandes fortunas que ha implantado el Gobierno de coalición y ha decidido recurrirlo ante el el Tribunal Constitucional. El presidente, Alfonso Rueda, ha anunciado hoy la decisión, en la que sigue los pasos de Andalucía y de Madrid.

Declarada la falta de legitimación de los recurrentes, el pleno empieza a deliberar el fondo del recurso más longevo del tribunal. El pleno del Tribunal Constitucional ha seguido el criterio que marcó este martes al rechazar la abstención de la magistrada Concepción Espejel y ha rechazado de plano por falta de legitimación el escrito de cinco diputados del PP que recusaban por distintos motivos al presidente, Cándido Conde-Pumpido, y a los magistrados Inmaculada Montalbán y a Juan Carlos Campo para tratar de evitar su presencia en las deliberac

La colonización partidista del Tribunal Constitucional y su significación como actor político, agravada en los últimos tiempos hasta el paroxismo, puede resultar letal.

La magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Laura Díez --propuesta por el Gobierno y encargada de la ponencia sobre la ley catalana que elimina el 25% del castellano en las aulas tras el recurso de inconstitucionalidad de PP y Cs-- firmó dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en calidad de vicepresidenta, a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas de la comunidad autónoma.

Después de fracasar con la operación de seguir controlando el Tribunal Constitucional como contra-parlamento dedicado a anular la obra legislativa del Gobierno de coalición, el Partido Popular ha cambiado de táctica y ha pasado a centrar su oposición en la petición de nuevas elecciones. Esta petición, que ya practicaba José María Aznar cuando no logró vencer al PSOE en la elecciones de 1993, tiene más de deslegitimación del Gobierno que de oferta de un programa alternativo de Gobierno.

El sector progresista del CGPJ decidió el día de Nochebuena conceder una victoria pírrica a los conservadores: dejar que impusieran a los dos magistrados del Constitucional a cambio de que se cumpliera la Constitución y el tribunal volviera a tener mayoría de magistrados de esa sensibilidad. La Ley del Tribunal Constitucional, uno de los textos legislativos surgidos en plena Transición, ha vuelto este martes a cumplirse con el nombramiento de dos magistrados por parte del Consejo General del Poder Judicial. Durante tres meses, aquel consenso de

"Entraremos en Rafah porque no tenemos otra opción. Destruiremos allí los batallones de Hamás, completaremos todos los objetivos de la guerra, incluida la devolución de todos nuestros secuestrados. Hay muchas fuerzas que intentan impedírnoslo. Recientemente se les ha unido otra fuerza: el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Este tribunal no tiene autoridad sobre el Estado de Israel. La posibilidad de que emita órdenes de arresto por crímenes de guerra contra comandantes de las FDI y líderes del Estado, esta posibilidad es un escándalo a e

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PSOE de Madrid contra la ley patrocinada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para reformar a su medida instituciones clave de la región como la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia o Telemadrid, según comprobó EL PAÍS.

La mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha anunciado su intención de avalar de forma íntegra la ley de protección de la infancia de 2021, bautizada como 'Ley Rhodes', frente al recurso de Vox. La mayoría del pleno ha votado a favor de que el conservador Enrique Arnaldo redacte una nueva ponencia en la que avale la medida que permite retirar la custodia a un maltratador, así como otros puntos como la implantación de parentalidad positiva o la educación en “diversidad sexual y de género”.

El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el expresidente catalán Carles Puigdemont, el PSOE y Junts por el acuerdo alcanzado entre ambos partidos el pasado mes de noviembre en Bruselas para facilitar la investidura del líder socialista. Reconoce la "controversia" del pacto pero aclara: "No es más que un acuerdo político".

La alta judicatura, que ha utilizado hace escasas horas, y en profundidad, la reforma de 2015, utiliza en ese trance más aún las reformas de inicios del XXI y, todavía con mayor intensidad, las arrugas en el cerebro que fueron forjadas por aquel movimiento nacionalista y propagandístico que fue la aznaridad.(...). Hoy, el más competente y más agresivo partido de la derecha española no es ninguno de los dos (pp o vox). Es el tercero: los Altos Cuerpos."

La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, ha reclamado a los fiscales de la sección primera de lo penal del TS, que votaron mayoritariamente a favor de investigar al ex presidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo en 'Tsunami Democrátic', un informe jurídico con sus argumentos.

Acusa a la oposición de buscar "un circo" y recurre a Sánchez para justificar su recurso ante el TSJ para no publicar estas actas: "Ha infringido la Ley de Transparencia 1.200 veces". La presidenta regional hace hincapié en que una diputada del PSOE pudo comprobar esas actas y "no vio nada interesante".

La investigación abierta en la Asamblea de Madrid contra Vox por activar en el último pleno el escaño de un diputado ausente y votar en su lugar cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, que en 2006 dio por bueno que el Parlamento Vasco hubiera sancionado durante un mes a Carlos Iturgaiz (PP) por dar de alta como presente a un representante que no estaba en la Cámara. En el caso actual, son dos los diputados del partido de extrema derecha los que están en la diana.