El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hechos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios, ha respondido a la defensa de la investigada que en su juzgado sigue investigando "dos bloques" que no tienen relación con los contratos adjudicados a sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés --parte que se quedó por avocación la Fiscalía Europea--.

El Ayuntamiento de Madrid quiere reforzar el Cuerpo de Agentes de Movilidad con exsoldados de la escala de tropa y marinería.

El Senado de la República de México aprobó ayer sin discusión alguna una condena de 2 a 6 años de cárcel, y multa entre 1.000 y 2.000 UMA, para quienes hagan terapias de conversión sexual: a quienes realicen, promuevan, ejecuten, obliguen o financien cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que interfiera, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Las penas se duplicarán, llegando hasta los 12 años, si se realizan a menores, ancianos o discapacitados.

"Para los magistrados, la duración del proceso, desde la comisión del primer hecho declarado probado, a finales de 2006, hasta que se dictó la sentencia, en diciembre de 2016, provoca una dilación indebida muy cualificada, para casos que excedan de ocho años, según indica el Supremo. No solo eso: responsabilizaba a las víctimas de haber dejado pasar dos años para interponer la denuncia. "

La fundación ultracatólica asegura que la asociación de sexología “tiene vínculos” con “un centro de abortos”

Un concejal que ya ha tenido que dimitir y una alcaldesa que se declara "en shock" y que ha abierto un expediente para averiguar lo sucedido e intentar depurar responsabilidades si las hubiera. Es el alcance, por ahora, del escándalo que ha sacudido Noreña tras descubrirse que en el listado de llamadas efectuadas desde un teléfono móvil municipal abundan los contactos con servicios de citas sexuales y de relax. ¿Pero qué refleja la factura telefónica del citado terminal para haber desembocado en una gran polémica?

Comunica a las familias la importancia de un módulo de prevención de la pornografía y atribuye a un "malentendido" lo ocurrido, aunque fue Educación el que dio la orden de revertir esa situación

El PSPV-PSOE estudia denunciar ante la Fiscalía los presuntos impagos de 134 multas por parte del concejal popular “ante la falta absoluta de transparencia”. De las 167 multas, 134 “estarían presuntamente sin abonar”, afirma la formación.

El popular Cristian Ramírez reconoce que, tras la denuncia del PSPV-PSOE, ha abonado el importe de 29 sanciones que, según dice, no se le habían notificado.

“Creo que cualquier organización seria tiene regulados y establecidos los mecanismos de comunicación hacia el exterior. Hay gabinetes de comunicación que se dedican a eso, y yo lo que he pedido es que se respete el trabajo de los profesionales de la comunicación, tanto de los periodistas como del gabinete de comunicación del grupo parlamentario”, ha relatado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en su bulo de acusar al Gobierno de llevar inmigrantes "de tapadillo" a las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ha asegurado que se están investigando agresiones sexuales a mujeres del municipio por parte de los inmigrantes, pero la Policía lo desconoce

Los cambios introducidos en la circulación por el Gobierno del PP y de Vox que dirige la alcaldesa de València, María José Catalá, se han traducido en un aumento del tráfico en el centro de la ciudad durante el mes de diciembre. Así lo acreditan los propios mapas de intensidad de la circulación publicados por el Ayuntamiento de Valencia, en los que se puede apreciar que, a pesar de que los cambios se introdujeron mediado el mes, la circulación en calles como Colón, la Paz o Poeta Querol, se incrementó.

PSC, ERC, Junts y En Común Podem han registrado este martes en el Parlament una proposición de ley destinada a que las agresiones sexuales graves contra los niños no prescriban, fruto del trabajo en la comisión de la cámara catalana que investiga la pederastia en la Iglesia. Los cuatro partidos llevan meses de intensas negociaciones y finalmente el texto legal, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, incluye la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra menores y castigados con una pena máxima de prisión igual o superior a cinco años.

Entre los sospechosos se encontraban cinco rabinos, junto con tres alcaldes, el vicealcalde y presidente del consejo de Jersey y varios políticos más. La red de lavado de dinero se extendía desde Nueva Jersey y Nueva York hasta Israel y Suiza, mientras que los políticos explotaron fácilmente las lagunas legales estatales para disfrazar los sobornos como contribuciones de campaña. El negocio del rabino Rosenbaum era atraer a personas vulnerables para que renunciaran a un riñón por 10.000 dólares, que él vendería por 160.000 dólares.