La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía ha vendido un edificio de titularidad pública en la céntrica Calle Ollerías de Málaga al grupo de inversores israelí White. La venta, anunciada por la Dirección General de Patrimonio, se ha realizado por 3,6 millones de euros. El grupo adjudicatario, bajo el nombre de White Málaga Casa 32 S.L., tiene como objetivo “la promoción de hoteles, pensiones, hostales y apartamentos turísticos”.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con la mayoría absoluta del PP, ha aprobado este martes tres importantes proyectos hosteleros: los 66 apartamentos turísticos que el Duque de Alba quiere construir en la calle Princesa (junto a plaza España); los 13 pisos turísticos que promueve en la calle San Bernardo Karim Bulaix García Valiño, presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta; y un nuevo hotel de lujo en plena Gran Vía cuyo promotor es la firma francesa Zaka Investment.

Testimonios de vecinos y documentos de un edificio afectado por este entramado muestran cómo logran evitar la ley y seguir operando a pesar de las múltiples sanciones e inspecciones. “Mi vida se ha convertido en un suplicio”. Anna (nombre ficticio), vecina de un edificio del Eixample de Barcelona, describe de esta manera lo que ha estado viviendo desde que, hace poco más de un lustro, instalaron un piso turístico ilegal justo debajo de su casa.” “Te sientes totalmente desamparada, sin recursos, como si la ley no existiera para ellos”...

El despilfarro alimentario hace inútiles los esfuerzos de descarbonización emprendidos en la producción de alimentos, pues los vierte directamente a un sumidero. La obtención de alimentos para satisfacer las necesidades de los 11 000 millones de personas que previsiblemente habitaremos este planeta en el año 2100 es uno de los retos más importantes establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la Agenda 2030 de la ONU.

La enquistada permisividad con la irregularidad urbanística ha mostrado su peor cara en El Palmar, Zahora y Los Caños: puntos de alto estrés hídrico e interés turístico... construcciones ilegales: núcleos que “carecen, en gran medida, de suministro, saneamiento y depuración del agua, servicios que necesitan sus poblaciones (multiplicadas por cinco en verano) para uso en viviendas, restauración y hostelería”... viene ocurriendo desde hace más de 25 años, sin que ningún responsable político haya podido/querido solucionarlo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha prometido que estudiará la propuesta del Ayuntamiento de Santiago de Compostela para implantar una tasa turística, pero ha pedido tiempo dada “la complejidad” del tema y porque le fue remitida en este mes de agosto: “La respuesta no va a ser en una semana”.

"(...)ingresos de 152.075 millones de euros por cotizaciones de los autónomos, los asalariados y las empresas para las que trabajan estos que, en la práctica equivale a haber doblado en veinte años la recaudación de 76.159 alcanzada hace dos décadas, en 2003, en pleno inflado de la burbuja inmobiliaria"