Dos de los grandes fondos de capital riesgo e inmobiliarios del mundo serán un pilar fundamental para que el plan del Ejecutivo de 50.000 viviendas sociales tenga éxito. De las firmas Aliseda/Anticipa (del fondo Blackstone) e Hipoges (de KKR) depende la comercialización de 21.000 casas de la Sareb disponibles para que comunidades autónomas y ayuntamientos las adquieran y las destinen a alquiler asequible. Además, Servihabitat (de Lone Star), deberá gestionar otros 14.000 contratos para familias vulnerables.

Falta menos de un mes y medio y los diferentes partidos del Régimen aprovechan cada encuentro y comunicación ante los medios para iniciar su particular campaña electoral. Desde el Gobierno, tanto PSOE como Unidas Podemos usan la vivienda y la nueva Ley como primera bandera. Una hipocresía absoluta que no sostiene comparación con la realidad. Ni se pone tope al alquiler, ni se pone freno a la especulación y ni mucho menos se hace frente al negocio de fondos buitres y los bancos. Nada de eso está incluido en esta "progresista" Ley de vivienda.

El Ministerio aclara ahora que ese objetivo solo está previsto para municipios que tengan declaradas zonas de precios tensionados.

El Gobierno ha contratado a Blackstone y KKR para vender los bienes del banco malo, propiedad del Estado, que se están gestionando con opacidad. Esta contratación demuestra la falta de coherencia en la política de vivienda del Partido Socialista. En el anteproyecto de Ley de Vivienda se expone la necesidad de incrementar el parque público de vivienda y se prohíbe su venta. Sin embargo, al mismo tiempo que el Gobierno declara solemnemente estos objetivos, su Ministerio de Economía está vendiendo las viviendas de Sareb por la puerta de atrás.

El Plan de Vivienda de Alquiler Asequible propone promover desde el Estado 100.000 pisos, de los cuales 50.000 serían parque público de vivienda que se quiere construir, a largo plazo, mientras que la otra mitad serán de colaboración público-privada, e incluirían las 15.000 viviendas ya comprometidas por el Sareb a las comunidades autónomas, las 11.000 viviendas del fondo social bancario y las otras 30.000 que están negociándose con fondos y grandes tenedores para que las saquen al mercado a un "precio social",

“Queremos dar seguridad a las entidades, pero también a los ciudadanos de que pueden acceder al crédito” aseguró Dombrovskis. El volumen de préstamos dudosos puede dispararse en los próximos meses como consecuencia de la crisis y Bruselas quiere adelantarse para que las entidades puedan seguir operando con normalidad. Para eso proponen sacar del balance aquellos créditos que presentan mayor problema para su recuperación. Los “bancos malos”, estilo de la Sareb en España, tendrán que ser propuestos en cada país. “No habrá un banco malo europeo”.