Los denunciantes alegan que la Administración autonómica habría condicionado los citados expedientes a los intereses de la empresa que explota la mina, propiedad del conglomerado Sacyr, para que pudiera eludir y trasladar a la administración autonómica los costes de la recuperación de dos balsas de decantación en las que se vertieron durante decenios los tóxicos y metales pesados derivados de la actividad minera. Unos gastos que, por ley, deberían recaer en los propietarios de la explotación.

El origen de este caso está en 2005, cuando, con Miguel Zerolo como alcalde (de Coalición Canaria y actualmente en la cárcel por el caso de corrupción de la playa de Las Teresitas), el Ayuntamiento privatizó la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa). Empresa y Consistorio han firmado que esta comience a devolver los 33 millones cobrados indebidamente pero con la condición de subir las tarifas, con lo que ganará 49 millones.

Carolina Déniz ocupó altos cargos entre 2005 y 2011, entre otros el de viceconsejera de Justicia y Seguridad, con gobiernos nacionalistas; ahora investiga a Miguel Zerolo, de ese mismo partido, por el presunto trato de favor recibido por la multinacional española Sacyr por un valor de 59 millones de euros.