Más Madrid ha recurrido la decisión del PP de Isabel Díaz Ayuso de vetar la comparecencia en la Asamblea regional de la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, experta de la comisión de la verdad en las residencias a la que se negó comparecer en la Cámara al considerar que acabaría hablando de un tema distinto al que la había llevado a ser convocada. El argumento, pronunciado por el presidente de la comisión de Familia y Asuntos Sociales, del PP, y recogido negro sobre blanco en el acta de la reunión que certificó la inadmisión de la iniciativa

Los conservadores rechazan que acudan a la Asamblea miembros de la comisión de la verdad que no están convocados por ese motivo.

La epidemióloga de Monte Hermoso, el centro del primer brote, elevó un mail el 16 de marzo de 2020 a la Consejería de Sanidad con medidas concretas que no se tomaron y en el que avisaba de que la situación sería "pronto compartida por otras residencias". En copia también iba Yolanda Fuentes, entonces directora general de Salud Pública, que dimitió dos meses después por desavenencias con el gobierno de Ayuso y su intención de pasar de fase para relajar las restricciones.

Este lunes la presidenta madrileña ha dado el pistoletazo de salida a su participación en la contienda catalana desde el barrio de Sarrià y, en concreto, desde la plaza Artós, que han vendido como un "símbolo de una década de resistencia contra el separatismo y el populismo". De ahí salieron manifestaciones espanyolistas como las del 3 de octubre del 2017, algunas de ellas convocadas por la extrema derecha.Y éste también será el punto del acto final de Vox del viernes.

Santiago Pedraz abrió la puerta el pasado mes de febrero a que un juzgado investigue las maniobras policiales contra la formación y su huella en los medios de comunicación utilizados para difundir bulos. La guerra sucia del Gobierno de Rajoy se apoya en tres vértices: el original, conocido como la Operación Catalunya, las maniobras contra Podemos, y la operación Kitchen para sabotear la investigación judicial de la caja B del PP. Solo los dossieres contra la formación de izquierdas había quedado fuera de una investigación judicial.

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales lo ven de manera totalmente opuesta. Su responsable, Ana Dávila, asegura que "la reclamación de las deudas pendientes de los ciudadanos es una obligación legal que contempla la propia legislación nacional" y asegura que al ampararse en la normativa nacional "es al Gobierno de Sánchez, en todo caso, a quien le corresponde modificar esa normativa y justificar la excepción".

La Consejería de Asuntos Sociales lo justifica porque dice que están obligados a requerir estas deudas y que la legislación estatal no estableció ninguna excepción durante la pandemia

Los testimonios de Elvira, de María y de muchos más, están incluidos en el Informe que ha realizado la Comisión para la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid que ha presidido el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. "Cuando dicen que habrían muerto igual mienten. El 65% de las personas que fueron derivadas a hospitales se salvaron. tomando este dato se podrían haber salvado cuatro mil. Es ley de vida que fallezcan, pero no de la forma en que lo hicieron".

"Están intentando hacer de un caso particular un caso político", defiende la líder regional. "Madrid está más de moda que nunca", asegura Ayuso. "Los familiares de las residencias ni siquiera pueden hablar con la Comunidad de Madrid porque quieren hacer justicia paralela porque no soportan el veredicto de las urnas", concluye la presidenta regional.

Hace unos meses, se pensaba que la amnistía sería el gran obstáculo que el Gobierno de Sánchez debería afrontar para asegurar la estabilidad. Ahora resulta que un complejo turístico con casino en Catalunya es lo que ha roto todos los planes ..

Se podrían haber evitado. Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos de la comisión ciudadana por la verdad que llevan meses investigando las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la covid. El estudio apunta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, señala que las decisiones políticas tomadas en marzo de 2020 fueron determinantes en el fallecimiento de los 7.291 residentes.

Carmen López, portavoz de Marea de Residencia, ha sido llamada al orden por el diputado del PP Miguel Rumayor por hacer referencia a las víctimas de las residencias durante la pandemia: "Tiene usted que hablar de la situación de las residencias, está usted hablando de un suceso de hace cuatro años"

La actual consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, fue la persona encargada de firmar el contrato del hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para traer mascarillas en lo peor de la pandemia a través de la empresa de un amigo de la familia,

Miguel Ángel Rumayor, diputado del PP y presidente de la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, ordenó cambiar de tema a Carmen López, representante de la Marea de Residencias y de la Asociación para los derechos de los mayores y sus familias. Rumayor interrumpió a López para reclamarle a la compareciente que se ciña a la cuestión (la situación actual de las residencias) sin hacer menciones a "sucesos de hace cuatro años".

La diputada Esther Platero ha criticado que haga "política"

El tribunal ha admitido el recurso de 2 denunciantes que condenan la situación de abandono que sufrió su padre hasta fallecer en abril de 2020. Laura y su hermana Marta buscan justicia, y a ella apelan para que los responsables de la gestión sanitaria de aquellos meses no queden impunes. Con ese objetivo, han acudido a la Audiencia Nacional, que ha admitido su recurso contencioso y ha reconocido tener competencias para juzgar el caso. Por lo que ahora se abre el plazo para recibir su demanda contra el Gobierno de Madrid y la Sanidad de Ayuso.

Entrevita al economista y pastelero Josep Maria Busqueta, que vuelve a la tribunua pública con el libro 'Pasar a la ofensiva'.