Férriz ha lamentado que “nos encontramos ante un coladero de enchufismo con la excusa de la pandemia, que atenta de forma evidente, notoria e incluso grosera los derechos de la ciudadanía a acceder a la administración pública”, como demuestran las 50 sentencias judiciales que ya se han dictado contra este proceso y los 21 procedimientos de contratación que ya han sido anulados por los tribunales y “que seguirán cayendo en cascada”. “Los contratos exprés a más de 4.000 personas y los 21.000 contratos de emergencia son las dos caras de una misma