Ayer, @palomalopezB, secretaria general de @CCOOMadrid, fue invitada a la comisión de Economía y Empleo de la Asamblea de Madrid. La sindicalista habló de cómo los recortes públicos y la fiscalidad regresiva del gobierno regional provocan desigualdad.

El Congreso de EE.UU., controlado por republicanos, reautorizó ayer un controvertido programa de vigilancia, conservando un elemento clave de la recopilación de inteligencia extranjera. Aprobó la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior. El proyecto de ley FISA pasa al Senado. Creada tras el 11-S, suscita críticas de republicanos y demócratas, argumentan que viola el derecho constitucional de estadounidenses a la privacidad, pues permite obtener datos sin autorización judicial. Se bloqueó 3 veces en 5 meses por republicanos.

Este sábado, hace un año, el fallo de aborto Dobbs de la Corte Suprema anuló Roe v. Wade . Esta decisión privó a millones de personas de un derecho fundamental. Como escribimos entonces, también subrayó la importancia de protecciones justas y significativas para la privacidad de los datos . El año pasado, el personal de EFF trabajó con organizaciones de justicia reproductiva y libertades civiles para proteger y defender los derechos digitales de las personas que buscan o apoyan la atención reproductiva; Aquí hay algunos aspectos destacados.

En este vídeo, hablamos con el ex agente de la CIA y la NSA Edward Snowden sobre la vigilancia y las operaciones encubiertas de Estados Unidos. También hablamos de la importancia de la privacidad para la democracia y de lo que pueden hacer los ciudadanos para protegerla. Esta entrevista se realizó originalmente en 2017. La volvemos a publicar hoy, ya que este tema ha desaparecido por completo del discurso mediático dominante.

The Above, dirigida por Kirsten Johnson, es una película que muestra la utilización de un globo de vigilancia militar de EE. UU. sobre Kabul, Afganistán. Sus capacidades son altamente clasificadas y profundamente misteriosas. Informe de la 1ª Brigada Militar de EEUU: Usen el PGSS (Sistema Persistente de Vigilancia en Tierra) tanto como sea posible, incluso si el sistema de cámara o transmisión están rotos, los insurgentes y los ciudadanos por igual creen que el dirigible puede verlo todo y actuarán de manera diferente cuando esté arriba.

La Comisión sobre la calidad democrática analizará este miércoles un informe sobre la imparcialidad de las autoridades independientes, ya pactado por Más País, formación que de la mano de Íñigo Errejón ejerce la Presidencia de dicha Comisión, y los socialistas. Los firmantes esperan el apoyo de Unidas Podemos. Los presidentes de organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrán que ser más cuidadosos en sus decisiones si sale adelante, como parece que será,

Canadá: las cuentas bancarias se congelan si las personas no se vacunan y no se registran en la aplicación de vigilancia de 1984.

Todos los estados deberían imponer una moratoria global a la venta y transferencia de tecnología de vigilancia hasta que se instauren regulaciones que garanticen que su uso cumple los estándares de derechos humanos, aseguraron hoy expertos de la ONU en un comunicado. Tras descubrirse el mes pasado que el software israelí Pegasus se utilizó para espiar a cientos de periodistas, líderes políticos y activistas, "es altamente peligroso e irresponsable permitir que la tecnología de vigilancia circule libremente en las redes comerciales", defendiero

El canal Ley y Desorden publica un vídeo en el que se analiza la situación de los vigilantes de seguridad, sobre todo en el contexto de la Ley de Seguridad Privada que forma parte del contexto de la "ley mordaza".

El gobierno de Boris Johnson planea introducir tres leyes que harán que resulte más fácil violar los derechos humanos. Estas leyes aumentarían la vigilancia policial y la capacidad de disolver protestas pacíficas, protegerían a las cloacas del estado británico impidiendo que sus delitos sean perseguidos, y debilitaría la capacidad del poder judicial para oponerse a decisiones ministeriales.