El alcalde de Madrid declara tener tres bienes urbanos en propiedad en la capital de España, dos vehículos e importantes ahorros en sus cuentas bancarias. Tiene un sueldo superior a los 100.000 euros anuales.

“Y lo más importante, el sometimiento a dicho pleno de la reprobación a la senadora Amparo Marco, anterior alcaldesa de Castellón por su negligente gestión en la adquisición de una escultura valorada en 130.000€ en homenaje a la figura del Pregonero de Castellón, sin realizar los procedimientos pertinentes para su adquisición y que han provocado un grave quebranto económico a un artista escultor de nuestra ciudad y a su vez un quebranto económico y artístico para el Ayuntamiento de Castellón”, ha continuado.

El neoliberalismo no pide menos Estado, sino todo lo contrario: más Estado. De hecho, las multinacionales, están protegidas de una forma sistemática de un libre mercado por el Estado neoliberal de las subvenciones. Ejemplo, las grandes empresas automovilísticas reciben continuas subvenciones amenazando con la deslocalización a otros países. No solo exige un Estado que le sirva, sino que necesita distintos Estados competidores entre sí. Si no rivalizaran entre sí para ganarse el favor de las multinacionales, no existirían los paraísos fiscales.

En sólo 6 minutos Marc Vidal hizo récord de bulos sobre impuestos y PIB de España. Es todo un récord de bulos que me encargo de desmontar con datos y rigor.

El último borrador del Tratado de Cibercrimen de la ONU ha sido descrito por el grupo de derechos digitales estadounidense, EFF, como un retroceso significativo y una ampliación peligrosa de su alcance más allá de los ciberdelitos. Esta crítica se suma a las ya existentes en el prolongado proceso de negociación del tratado, no solo por parte de ONGs defensoras de derechos, sino también por países miembros de la ONU.

La número tres de Vox en Parla (Madrid), Ana Gonzalez Martinez, detenida por narcotráfico declaró percibir 25.000 euros de sus empresas. Sin embargo, la Policía Nacional investiga un entramado societario que ronda los 38 millones de euros. Los agentes creen que las sociedades se utilizaban para blanquear los beneficios que obtenía por la red de narcotráfico que lideraba.