El Gobierno de Juan Manuel Moreno reactivó en el Parlamento andaluz la polémica ley para regularizar regadíos ilegales en el entorno de Doñana cuando ya conocía de primera mano que el parque nacional había sido expulsado de la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La UICN suspendió el certificado ambiental del espacio el 30 de junio de 2022 y se lo notificó a la Junta el 3 de agosto. PP y Vox registraron su ley el 3 de marzo de 2023, a las puertas de las elecciones municipales.

Reitera que no es una iniciativa del Ejecutivo de Moreno sino de la Cámara y que la han presentado dos grupos políticos, obviando que uno de ellos es el PP, que es el que gobierna con mayoría absoluta.

Los esfuerzos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no son suficientes para eliminar los invernaderos fuera de las zonas regables y WWF pide que se cierren las fincas con regadíos fuera de ordenación. "Los pozos en proceso de cierre sería de 716, de los cuales 220 ya han sido cerrados (la mitad de forma voluntaria por los propietarios y la otra mitad por la propia CHG)", aseguran desde la CHG. Mientras tanto, el PP andaluz, en alianza con Vox, prosigue adelante con la ley especial que amplía regadíos en el entorno de Doñana.

La investigación en torno a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por presuntas irregularidades en la compra masiva de vacunas de Pfizer contra la covid-19 durante la pandemia no se resolverá antes de saberse si la alemana consigue su meta de repetir al frente del Ejecutivo europeo tras las elecciones de junio. Según ha informado este viernes la Fiscalía de la UE, el caso, sobre el que la Comisión ha guardado un amplio silencio, queda suspendido hasta el 6 de diciembre.

Cuando Pedro Sánchez logró la investidura y anunció una amnistía, el juez Manuel García-Castellón reactivó una causa que llevaba cuatro años inerte en su despacho. Y acabó atribuyendo un delito de terrorismo a 12 personas. Temerosos de acabar en prisión, cuatro de ellos se instalaron en Suiza solos, lejos de su círculo más cercano (con la excepción del diputado, que vive con su pareja) y se sienten, digan lo que digan, exiliados.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anuncia que el Gobierno también va a regular las plataformas digitales que se usan para contratar empleadas del hogar y personal de ayuda a domicilio.

Una ley estatal de 1973 en Misuri que obliga antes de pedir el divorcio a revelar si la esposa está o no gestando. Los expertos concuerdan que fue diseñada para proteger a madres e hijos (“para garantizar que se estableciera la custodia y manutención y que el padre no pudiera simplemente marcharse”), pero que en la práctica lleva a que mujeres no puedan disolver legalmente su matrimonio mientras estén embarazadas. Una legislación que se repite en otros estados de EE.UU. (Misuri, Arkansas, Texas, Arizona) que cada vez más voces piden reformar.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid teme que la nueva ley que ha impulsado la ministra de Sanidad, Mónica García, de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud liquide un modelo «consolidado» que «viene funcionando de una manera eficaz y eficiente». Para el Ejecutivo de Ayuso, los «principales perjudicados» de esta nueva legislación van a ser los pacientes y ha mostrado su «estupor» porque se haya puesto en marcha sin consultar ni consensuar con las comunidades autónomas, que son las encargadas de la gestión sanitaria

El Parlamento de Georgia aprobó hoy la ley "sobre transparencia de actividad de agentes extranjeros", pese al rechazo de miles de manifestantes, oposición y representantes de países occidentales: la comparan con una norma rusa que se aplica para silenciar la disidencia política. Todas las organizaciones no gubernamentales y medios que reciban más del 20% de su presupuesto de otros países tienen la obligación de registrarse anualmente como agentes de influencia extranjera. La UE considera que puede ser un impedimento en su candidura de adhesión.

Minutos antes de que arrancara en la Cámara Alta el pleno por el que los populares impondrán su mayoría para aprobar el veto a esta norma -devolviéndola a la Cámara Baja para que el Gobierno y sus socios parlamentarios lo levanten y se apruebe definitivamente, los letrados del Congreso han vuelto a rechazar, a través de un informe jurídico, la nueva petición del Senado para anular anule la tramitación de la norma.

"Hoy sacamos a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud que va a poner coto a este lucro incesante que han ido abonando las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad”, ha anunciado García, asegurando que esta “será un carpetazo a la ley 15/1997 que abría la puerta a modalidades que han deteriorado nuestro sistema nacional de salud”. La ministra de Sanidad se compromete, de esta manera, a dar cumplimiento a uno de los puntos contemplados en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar.

Casi tres meses después, la presidenta de la Comisión Europea no ha contestado a la carta de Sánchez y su homólogo irlandés. El alto representante advierte del empeoramiento de la situación humanitaria tras el ataque en Rafah y pide reanudar por completo la financiación a UNRWA

La ley de amnistía y el 'caso Koldo' se llevan más del 36% de las preguntas que el PP ha hecho al Gobierno en las sesiones de control que se celebran casi cada semana, en un pleno ordinario los miércoles. El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no ha tenido que responder ninguna cuestión en el Congreso. 85 cuestiones a los miembros del Gobierno en estos cinco meses y solo una única vez se preguntó por asuntos puramente económicos y fue en la primera sesión de control de la legislatura.

El Pleno de la corte de garantías debatirá y previsiblemente aprobará el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer, quien defiende que la norma es constitucional. Así las cosas, se prevé que la mayoría progresista del tribunal rechace el recurso que presentaron los diputados de Vox.

Entidades de memoria democrática y expertos como profesores o periodistas han instado a la retirada "inmediata" de la ley de concordia registrada por PP y Vox en Les Corts, al considerar que equipara el franquismo con la dictadura y olvida a víctimas como los bebés robados, las mujeres encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer o los abusos cometidos por la Iglesia católica.

Las nuevas leyes propuestas por los gobiernos de coalición regionales de derecha y extrema derecha para “blanquear” la dictadura de Franco podrían contravenir las normas internacionales de derechos humanos, advirtieron a España expertos de la ONU en verdad, justicia, desapariciones forzadas y asesinatos.

Un informe elaborado por cuatro organismos de la institución señala que las normas contra la ley de memoria democrática de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León "pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista".

Al menos 63 personas fueron detenidas en la noche del martes en Tbilisi, capital de Georgia, durante una nueva jornada de multitudinarias protestas en el país contra la llamada “ley de agentes extranjeros” [...] polémico texto que el actual Gobierno del partido populista Sueño Georgiano ya renunció a aprobar el año pasado tras las inmensas movilizaciones en su contra [...] Los opositores denuncian que la ley promovida por el Gobierno es una copia de la normativa que se emplea en Rusia para reprimir a la disidencia.

Alcaldes y concejales de A Mariña, senadores y diputados, entre otros, durante el acto sobre la Lei do Litoral impulsada por la Xunta que presidieron en el Thalasso Cantábrico Las Sirenas, en Viveiro, la presidenta provincial del PP, Elena Candia, y el conselleiro do Mar, Alfonso Villares.

La proposición tiene como objetivo aliviar la situación migratoria en Canarias, que tiene a cargo a más de 5.500 menores no acompañados, y en Ceuta y Melilla. El Gobierno de España ha presentado al Gobierno de Canarias el texto elaborado tras la última Comisión Interministerial de Inmigración para la Proposición de Ley de Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.