"El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha advertido este jueves sobre lo "perturbador" de los efectos que puede generar la figura penal de la acusación popular "cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas, e incluso meramente procesales". De este modo, ha arremetido contra "el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno", se aumente "el riesgo de investigaciones prospectivas"."

Editorial en la que se explica la actualidad argentina en cuanto a la destrucción de su sistema industrial y aquellos que propician con su política que esto ocurra

El alto tribunal no valora retractarse en los recursos, aunque teme que en un año el Constitucional le rectifique.

Hacer de menos a la UCO, aceptar testigos en base a rumores, no aclarar que investiga o buscar a toda costa la imagen de Sánchez sentado ante el juez son algunos de las decisiones del juez que hoy interroga al presidente del Gobierno.

El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, ha defendido ante el juez que no hubo ninguna irregularidad respecto a la creación de la cátedra que codirige Begoña Gómez.

La querella contra Sosa fue interpuesta por Alba y su compañera justo en el momento en el que el exjuez ingresaba en la prisión de Estremera, en Madrid, para cumplir una condena de seis años y medio por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental.

En algún momento de todo el proceso el instructor deberá rendir cuentas y explicar sus decisiones. Solo hay una cosa segura: el juez Peinado no podrá alegar que no sabía exactamente qué estaba haciendo

"Durante esta década, la acumulación de decisiones judiciales manifiestamente corruptas ha sido tan grande, las personas perseguidas tan conocidas, los efectos políticos tan graves y los jueces corruptos tan desacomplejados, que ya se les está empezando a mojar la pólvora."

En el PP están muy agitados con el máster de Begoña Gómez. Se aferran a él con la ansiedad de un náufrago a un madero. Es la bala que les queda en la recámara para intentar tumbar al presidente Sánchez; se la han regalado en los juzgados dos organizaciones de extrema derecha, Manos Limpias y Hazte Oír.

Sumar ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para reformar el Código Penal para suprimir los denominados delitos de opinión, como las ofensas contra los sentimientos religiosos, las injurias al Rey y a las altas instituciones del Estado. También han pactado una modificación de la Ley Orgánica que rige el derecho al honor para incluir una "reparación pública" ante procesos judiciales prolongados en el tiempo, que al final no derivan en apertura de juicio oral y generan un desprestigio para el afectado.

La nueva denuncia contra 'Kichi', que declara en Cádiz, le acusa de permitir que un enviado de Podemos sin cargo alguno participara en contrataciones y gestiones

El juez que instruye la causa abierta por la filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha citado a declarar el próximo lunes como investigados a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, y al fiscal de la Sección de Delitos Económicos, Julián Salto.

El pseudosindicato ultra Manos Limpias, autor de la denuncia contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, ha denunciado ahora por delitos de malversación al hermano del presidente del Gobierno.

Tiene mérito haber logrado, a base de abuso de la herramienta, que no esté nada claro si la imputación de la mujer del presidente ayudará a la derecha o animará al votante de izquierdas cansado de tramposos que no disimulan. Todo esto es un drama para el país, por supuesto, pero también un problema para los dueños de un cortijo construido sobre la idea socialmente aceptada de cierta neutralidad. En la derecha saben que el invento, útil tiempo atrás contra Podemos o los partidos independentistas, está dejando de funcionar.

El líder del PP carga contra el Gobierno en una comparecencia sin precedentes en Génova rodeado de casi todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional

"Los líderes de Podemos, Ada Colau o Mónica Oltra fueron objeto de investigaciones judiciales largas e injustificadas que influyeron en que perdieran las elecciones. Todas las acusaciones en su contra se archivaron sin necesidad siquiera de juicio, pero su reputación quedó dañada. Ahora sabemos que todo eso era solo un ensayo para operaciones de más envergadura dirigidas precisamente contra quienes entonces guardaron silencio. Un error terrible. Porque lo que está en juego no es la inocencia de nadie, sino la esencia misma del Estado de derecho

Tenemos jueces a los que se escucha porque hablan como jueces, pero con opiniones de ciudadanos y hay que diferenciar. El Poder Judicial no opina. Jueces vestidos de jueces, con sus togas, protestando en la puerta del juzgado contra una ley como la de amnistía. Ahí tenemos un precedente español pésimo: jueces a los que no les importa vestirse de jueces para hablar de política en la calle. Yo, personalmente, a un juez que, con su toga, opina de política lo sancionaría o lo expulsaría de la carrera,

El lawfare, o guerra jurídica, es uno de los términos que han marcado la actualidad política en España en las últimas semanas.

La coalición aprovecha la decisión del presidente del Gobierno para denunciar que a la exvicepresidenta se la "calumnió" en reiteradas ocasiones y reclama una condena a los usos "espurios" de la justicia.