La investigación, ahora conocida como operación Influencer, estalló el martes pasado en Portugal, provocando la renuncia de António Costa, dejando cinco detenidos y varios imputados —entre ellos, altos funcionarios de gobierno—, por lo que la Fiscalía estimó eran delitos de corrupción, prevaricación y tráfico de influencias. Pero al correr de los días, ya despejada la polvareda, los analistas portugueses comenzaron a levantar una pregunta pertinente: ¿de qué se acusa al primer ministro?