Sin duda, el mayor peligro para el Estado de Derecho emana de la parte de la sentencia que concede una amplísima e indiscriminada capacidad para recurrir decisiones políticas que corresponden a otros poderes del Estado. El nombramiento de la Presidencia del Consejo de Estado es una decisión que corresponde al Poder Ejecutivo con la revisión del Poder Legislativo.

La propuesta de Vox toca derechos que tienen que ver con la objeción de conciencia de los médicos, con el catálogo de servicios básicos que el Estado debe ofrecer a los pacientes y con el esquema de competencias de las comunidades autónomas, que no pueden tocar dicho catálogo. Los facultativos están cuestionando que tenga sentido una ecografía de alta resolución por debajo de la novena semana de gestación -que es cuando se producen el 75 por ciento de los abortos-, y que dicha prueba sería relevante durante el segundo y tercer trimestre.

El Tribunal de Cuentas deberá convenir con la Casa Real cómo se realiza la "auditoría externa" que anunció Bolaños y la fiscalización deja fuera sus ingresos privados. Ponen en duda la renuncia del monarca a su herencia tras conocerse que aparecía como beneficiario de fundaciones offshore porque lo impide el Código Civil

«Solo se necesitan 176 votos en el Parlamento para reformar la LOPJ, mientras que la renovación del CGPJ son necesarios 210 votos. Resulta, pues, más fácil y más legal reformar y después renovar que renovar y seguir incumpliendo frente a Europa. Además, la reforma puede abordarse en unos meses, tal como demuestra la última reforma de la LOPJ de marzo de 2021″, dice en un comunicado de la PCIJ, una asociación transversal de la que forman parte jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, juristas, catedráticos y periodistas.

La iniciativa del dirigente popular puede tener, a juicio de diversos juristas consultados, serias dificultades para ser admitida, principalmente porque su partido no ha sido parte en el proceso penal seguido contra los dirigentes independentistas. Y los CDR no son parte en los expedientes de indulto ni tienen en primera instancia un punto de conexión con la tramitación de las solicitudes de las medidas de gracia.