El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz archiva la ‘pieza Drago’, por la que se acusaba a Oleguer Pujol Ferrusola, el benjamín del expresident de la Generalitat, de esconder 3.000 M de € y blanquear a través de operaciones inmobiliarias. El auto señala que, «pese a las diligencias practicadas, no hay base siquiera para apreciar indicio de delito alguno, y los que se suministraron fueron meras sospechas, no aptas para seguir un procedimiento penal«. Era de esperar: testigos conseguidos dentro de una operación ilegal, fondos reservados…

La que fuera líder de Compromís y vicepresidenta del gobierno de la comunitat valenciana, Mónica Oltra, ha sufrido una cacería por parte de la derecha mediática, política y judicial, que se ha saldado con el archivo de la causa que se le imputaba. Isabel Díaz Ayuso no dudó en dar por ciertos los delitos que se le imputaban y señaló como culpable a Oltra, momentos que ahora recopilamos.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid –que abrió diligencias de investigación contra tres medios de comunicación, dos periodistas y un abogado tras una denuncia del ministro Óscar Puente– ha ordenado el cierre inmediato del medio de comunicación Impacto España Noticias y ha solicitado la detención del dueño de dicho portal, el periodista Salvador Giménez. El cierre del medio no es firme y el letrado del periodista la ha recurrido. No obstante, se produce en plena polémica al revelar el propio Puente que ha puesto a su equipo a ...

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acepta investigar el uso de las cloacas del Estado contra Podemos. Es decir, si la policía patriótica investigó el partido de Pablo Iglesias. En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 admite la querella de Podemos contra Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y contra Eugenio Pino, exdirector Adjunto Operativo (DAO), así como contra otros altos cargos de la Policía por las presuntas “investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial”.

"Dicho más claramente, no puede existir un procedimiento por presunto delito de terrorismo en el que además se vincule esos hechos con el fallecimiento de una persona y que, al mismo tiempo, no se hubiese cumplido, en más de cuatro años, con lo previsto en el ya tan citado artículo 26 que establece unas obligaciones estatales, pero que recaen en este Instructor, respecto de una presunta víctima de un delito de terrorismo", concluye.

Desde diciembre de 2018, cuando caducó el mandato del CGPJ, hasta el día de hoy, el PSOE siempre ha tenido en su mano arrebatarle de forma democrática al PP su minoría sediciosa de bloqueo. La operativa es muy sencilla. De los 20 vocales que hay que elegir para conformar el CGPJ, el artículo 122.3 de la Constitución establece que 12 deberán ser "Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales", mientras que los restantes 8 podrán ser "abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio.

El comisario Juan Márquez, de la Policía de Palma, ha declarado como testigo de la Fiscalía Anticorrupción, intentando apuntalar las acusaciones que él mismo y su compañero Juan Palomo armaron contra el juez Penalva, el fiscal Subirán y cuatro antiguos agentes de la Unidad de Blanqueo. Las acusaciones contra los seis acusados, para los que la Fiscalía pide casi 600 años de prisión, se sustentan en los informes de 'los Juanes'. Los letrados de los acusados han hecho ver las inconsistencias, errores, y especulaciones incluidos en dichos informes.

El Gobierno andaluz del PP ha autorizado ya 232 MW a empresas controladas por una sociedad que administra el concejal del partido Salvador Pedraza, número tres en las listas del 28M y de la máxima confianza del alcalde García Urbano.

Cuando el juez, Ignacio Carlos Sánchez, admitió la querella, rehusó extender la investigación a la empresa israelí. Argumentaba que no tenía jurisdicción para perseguir a una entidad extranjera y añadía que "crear un programa informático es independiente del uso que le pueda dar quien lo haya adquirido". En respuesta a un recurso del letrado, la Audiencia de Barcelona recuerda al magistrado que el principio de ubicuidad lo habilita para abrir todas las líneas de investigación, teniendo en cuenta que el espionaje ha pasado en el estado español.

El magistrado Pedro Castellano, autor de uno de los polémicos autos que libraron al equipo del PP de Valencia de Rita Barberá del juicio por blanqueo de capitales en el marco de la pieza separada A del 'caso Taula', ha sido designado ponente sustituto de la sentencia de Eduardo Zaplana en el 'caso Erial'. El juez conservador sustituye así a su compañero José Manuel Megía de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, recusado por uno de los abogados de las defensas, como ponente del fallo del próximo juicio al expresidente...