La esencia de la estrategia feijoana es la demolición personal del adversario, aprovechando que los entornos familiares no suelen tener el blindaje de alguien que ha decidido dedicarse a la política

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales lo ven de manera totalmente opuesta. Su responsable, Ana Dávila, asegura que "la reclamación de las deudas pendientes de los ciudadanos es una obligación legal que contempla la propia legislación nacional" y asegura que al ampararse en la normativa nacional "es al Gobierno de Sánchez, en todo caso, a quien le corresponde modificar esa normativa y justificar la excepción".

"Están intentando hacer de un caso particular un caso político", defiende la líder regional. "Madrid está más de moda que nunca", asegura Ayuso. "Los familiares de las residencias ni siquiera pueden hablar con la Comunidad de Madrid porque quieren hacer justicia paralela porque no soportan el veredicto de las urnas", concluye la presidenta regional.

"Tras dejar morir a nuestros seres queridos, privándolos de su derecho a asistencia sanitaria y a una muerte digna, la presidenta bloquea a los familiares de sus víctimas". A las 17.36 horas de este miércoles, y menos de una semana después de que Isabel Díaz Ayuso justificara en la Asamblea de Madrid su Protocolo de la Vergüenza, Marea de Residencias, una de las principales asociaciones que luchan por conocer la verdad de lo sucedido en geriátricos de la región durante las peores semanas de la pandemia, publicó este mensaje en X. Adjuntó, junto

Se trata de ciudadanos vascos conversando sobre la situación penitenciaria de presos de una banda terrorista que no existe y planeando estrategias para favorecer sus intereses sin que de las mismas se desprenda relación alguna (...) en la organización de los actos de homenaje a los terroristas. No es delito ser vasco, no es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito actuar políticamente en la dirección que a cada cual le plazca», así se opone el fiscal de la Audiencia Nacional a la decisión del juez instructor Manuel García C

La Comunidad de Madrid contrató a finales de 2021 por 2,8 millones de euros a una inmobiliaria en la que participa la familia de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, mentora política de Isabel Díaz Ayuso. La empresa es el casero de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, que dirige Concepción Dancausa.

La presidenta de Madrid responde a las críticas por la comisión que recibió su hermano enviando a la Fiscalía contratos y ayudas que supuestamente implican a familiares de Pedro Sánchez y otros políticos socialistas. A los partidos políticos les encanta ir a su sede a hacerse fotos en la entrada enseñando una querella o un informe con la esperanza de que les hagan caso. Los de Ciudadanos lo convirtieron casi en una costumbre. Ahora el Partido Popular de Madrid repite el movimiento. "vamos a investigar a todos". Ese 'vamos' sonó un poco raro.

Desde hace unos meses quienes han perdido a sus familiares recientemente están recibiendo una carta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En ella les recuerdan que, gracias a la Comunidad de Madrid, apenas pagan por el impuesto de sucesiones. "Nos parece obsceno que se use una propaganda de estas características. Lo que les están diciendo a los familiares es que se han ahorrado un dinero que ellos se han ahorrado en servicios públicos que eran absolutamente necesarios durante una pandemia", ha criticado Mónica García, portavoz de Más Madrid.