El Gobierno acelera la aprobación de un nuevo Reglamento General de Costas para expropiar terrenos de ayuntamientos, empresas y ciudadanos cercanos al mar y, a la par, evitar tener que devolver los ya adueñados en los últimos dos años, después de que el Tribunal Supremo tumbara el pasado febrero la norma anterior por deficiencias en su tramitación.