Seopan señala que a finales del 2026 vencerán diez contratos de concesión de autovías que se financian a través de los presupuestos del Estado y que suponen un coste anual de 300 millones de euros. Las vías quedarán amortizadas y las cuentas públicas dejarán de asumir el coste. Sin embargo, el Gobierno debe definir el modelo de conservación futuro de estas vías y, de paso, pensar cómo va a financiar las infraestructuras.