“No es extraño que se den casos de robos de bienes públicos”. En una entrevista en La Razón, apenas tres años antes de que Rita Barberá perdiera la alcaldía, la funcionaria Esmeralda Orero, la servidora pública con más galones investigada en el 'caso Azud', aseguraba que “las decisiones las toma un político y las ejecuta un técnico”. Los prolegómenos de los pelotazos de la presunta trama (fundamentalmente los pliegos de contratación) pasaban por las manos de un selecto grupo de funcionarios que han declarado ante la jueza instructora.

El caso Azud, cuyo sumario se hizo parcialmente público la semana pasada, ha hecho volver al País Valencià a las épocas de los trajes de Camps, los pitufeos de Rita Barberá, los millones de Alfonso Rus y las comisiones de Zaplana. El retorno es literal, puesto que los presuntos delitos de corrupción que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se habrían producido entre 1999 y 2013, en plena época de la euforia especulativa que provocó la burbuja inmobiliaria.