La Comunidad de Madrid ha adjudicado en 2022 y 2023 cuatro contratos a dedo por un importe máximo de 26,5 millones por ejercicio para derivar pacientes con coronarivus y necesidades especiales a hospitales privados, de los que el año pasado se gastaron 5,3 millones, el 20% del total.

El Covid-19 se ha transformado en la causa de decesos masiva, más de 303.000 personas en 12 meses en el país más golpeado por la pandemia actualmente.

Los conservadores rechazan que acudan a la Asamblea miembros de la comisión de la verdad que no están convocados por ese motivo.

La epidemióloga de Monte Hermoso, el centro del primer brote, elevó un mail el 16 de marzo de 2020 a la Consejería de Sanidad con medidas concretas que no se tomaron y en el que avisaba de que la situación sería "pronto compartida por otras residencias". En copia también iba Yolanda Fuentes, entonces directora general de Salud Pública, que dimitió dos meses después por desavenencias con el gobierno de Ayuso y su intención de pasar de fase para relajar las restricciones.

El Partido Popular, que impulsó la comisión del Senado que investiga las contrataciones de material sanitario por el caso Koldo, rechazó este martes hacer lo mismo en Galicia con las adjudicaciones durante la pandemia bajo los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo. El portavoz de los populares, Alberto Pazos, desacreditó la propuesta de abrir una comisión en el Parlamento de Galicia para estudiar esos contratos y acusó al BNG, autor de la iniciativa, de "enlodar la política gallega". Los nacionalistas, a su juicio, "deliran", llegó a decir.

El incidente se produjo durante el diario periodo de preguntas al Gobierno, cuando Poilievre calificó a Trudeau de «chiflado» por haber apoyado la despenalización de drogas duras en la provincia canadiense de Columbia Británica.El presidente de la Cámara Baja, Greg Fergus, solicitó a Poilievre que se retractara por utilizar «un lenguaje no parlamentario» a lo que el líder conservador se negó. Ante la negativa, Fergus expulsó a Poilievre hasta el miércoles.

Los diputados de Argentina otorgaron la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por un año, tras declarar en el comienzo del texto presentado a debate este martes una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética (...) En otro punto con fuerte debate en el recinto, también aprobaron la privatización de empresas públicas, la reorganización administrativa del Estado y el consecuente manejo del empleo público dentro del régimen de estabilidad. Además, el capítulo de “fuerza mayor en los contratos vigen

La Comunidad de Madrid concedió 4,8 millones de euros en subvenciones a la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) entre 2001 y 2012, coincidiendo con el mandato de Esperanza Aguirre al frente del gobierno autonómico. La Policía ha remitido un informe de conclusiones al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Santiago Pedraz, en el que desgrana las partidas públicas recibidas por la corporación empresarial de Luis Pineda, en prisión preventiva desde abril de 2016 por riesgo de fuga y destrucción de pruebas...

EL PAÍS accede a las claves de un anteproyecto aún pendiente de alegaciones para su versión final y que ahora queda en manos de un consejo dominado por el PP

Los documentos de la Policía Municipal, Bomberos, SAMUR y la Unidad Militar de Emergencias consultados por la Cadena SER en Madrid reflejan la aplicación de los 'protocolos de la vergüenza'.

La presidenta de Madrid pidió rebajar los controles de los vuelos con material sanitario mientras el Gobierno Central recordaba que los bloqueos solo se realizaban ante posibles irregularidades. Los aviones fletados coincidieron en fecha con las mascarillas de Tomás Díaz Ayuso. A pesar de que la Fiscalía Europea archivó la causa por falta de pruebas el escándalo político continúa.

Universal Support, una compañía de telemarketing sin relación con el sector sanitario, habría obtenido 19,2 millones en contratos del Servizo Galego de Saúde para atención telefónica y rastreo de casos durante la emergencia sanitaria. En abril de 2022 se hizo con un convenio con el Servizo Galego de Saúde (Sergas) por valor de 4.058.533,72 euros para prestar servicios de información telefónica sobre la covid con la oferta más cara de las que llegaron a la fase final del concurso.

Los testimonios de Elvira, de María y de muchos más, están incluidos en el Informe que ha realizado la Comisión para la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid que ha presidido el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. "Cuando dicen que habrían muerto igual mienten. El 65% de las personas que fueron derivadas a hospitales se salvaron. tomando este dato se podrían haber salvado cuatro mil. Es ley de vida que fallezcan, pero no de la forma en que lo hicieron".

Una situación que la organización ecologista ha puesto en conocimiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las defensoras de los derechos humanos, quien ya ha abierto un expediente al Estado español y que, además, mostró su preocupación por la denuncia de la Cámara Minera el pasado mes de enero. Ecologistas en Acción y sus activistas agradecen todas las muestras de apoyo de otras organizaciones ecologistas y sociales y dejan claro que nada las detendrá en su deber de actuar para conservar la naturaleza .

La empresa, sin vinculación con el sector sanitario, fue la más beneficiada en 2021 por los contratos de emergencia del Servizo Galego de Saúde con cargo al fondo extraordinario para combatir la epidemia en Galicia. El SERGAS adjudicó durante la emergencia sanitaria entre 2020 y 2021 doce contratos por valor de 9,76 M de € en total a una empresa vinculada al hermano de la pareja de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, para la atención telefónica ciudadana durante el covid y para el rastreo de casos y prevención de contagios en la comunidad.

"Están intentando hacer de un caso particular un caso político", defiende la líder regional. "Madrid está más de moda que nunca", asegura Ayuso. "Los familiares de las residencias ni siquiera pueden hablar con la Comunidad de Madrid porque quieren hacer justicia paralela porque no soportan el veredicto de las urnas", concluye la presidenta regional.

Se podrían haber evitado. Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos de la comisión ciudadana por la verdad que llevan meses investigando las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la covid. El estudio apunta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, señala que las decisiones políticas tomadas en marzo de 2020 fueron determinantes en el fallecimiento de los 7.291 residentes.

Continúan conociéndose nuevas subvenciones recibidas por Priviet Sportive S.L., la empresa que recibió más de un millón y medio de euros de la Comunidad de Madrid con Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta autonómica, como intermediario comercial por la venta de mascarillas. A la enorme suma recibida de la Administración Ayuso en abril de 2020 y a una larga lista de subvenciones de diferentes Consejerías de Castilla-La Mancha en conceptos relacionados con la agricultura y la ganadería, ahora hay que sumar otros 360.000 euros de dinero públi

Veía el documental del bulo del 11 M y, ahora, a las puertas del 8M, pensaba en la creación de otro de los grandes bulos hace cuatro años: que la propagación del virus del Covid había sido sólo, y exclusivamente, por la manifestación del 8 de marzo. No se engañen. No hubo ningún interés de salud pública en ello. Fue usado sin ningún aval científico por la derecha y ultraderecha ante su falta de propuestas: hacer del 8M un asunto político y debilitar socialmente al movimiento. No era la primera vez que se creaba toda una maquinaria política y...

A raíz del 'caso Koldo', PSOE y PP han emprendido una guerra de comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado. Los socialistas han registrado este martes una comisión en el Congreso para analizar la compra de material sanitario desde todas las administraciones públicas durante la pandemia. Los populares asumen que es un movimiento del PSOE para volver a poner sobre la mesa el caso del hermano de Ayuso o el de los comisionistas Luceño y Medina. Y por eso lo rechazan.

“Le pediría a la izquierda que, de una vez por todas, ceje en su empeño de utilizar el dolor ajeno sin ningún tipo de sensibilidad ni compasión hacia las personas que han fallecido y los que lo pasaron mal”, ha dicho Almeida. “Le diría a la izquierda que los mismos que organizaron una manifestación, el 8M, con guantes de látex, no son los que van a venir a dar lecciones”, ha señalado ante los medios de comunicación desde Aravaca.

Ni el juez ni los fiscales quedan demasiado bien parados. El vídeo, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, expone como tan pronto como la persona interrogada abandona la sala, los fiscales hacen befa, mientras el juez se acerca y se suma a los comentarios. La conversación no queda aquí, y el audio hace evidente como acto seguido los fiscales Anticorrupción aleccionan al juez sobre los pasos a dar en la investigación, cuando la instrucción es su potestad.

Porque no hay argumentos científicos, ni siquiera se hace el esfuerzo de argumentar la negativa. La Sanidad Pública vuelve a reeditar episodios de sobrecarga, vuelve a evidenciar que sus plantillas son insuficientes y que a la mínima se rompe por las costuras. Pero parece que a la presidenta de la Comunidad de Madrid esto le da igual. Su única misión en esta vida es hacerle oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, con lo que sea, y, mientras tanto, los madrileños que se busquen la vida.