Así, la ley, que no recoge esa palabra en su redacción, no abarcaría el procesamiento contra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye; la condena de la presidenta de Junts, Laura Borràs; o el procesamiento del clan Pujol. La proposición de ley se centra en los delitos relacionados con el procès, dejando fuera los demás ilícitos, entre ellos blanqueo de capitales, organización criminal, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, así como cualquier acto cometido antes del 1 de noviembre ...

"Dicho más claramente, no puede existir un procedimiento por presunto delito de terrorismo en el que además se vincule esos hechos con el fallecimiento de una persona y que, al mismo tiempo, no se hubiese cumplido, en más de cuatro años, con lo previsto en el ya tan citado artículo 26 que establece unas obligaciones estatales, pero que recaen en este Instructor, respecto de una presunta víctima de un delito de terrorismo", concluye.

Cuando hace más de un año del encarcelamiento del periodista vasco Pablo González en Polonia, la prensa internacional sigue haciendo eco del caso. Ahora ha sido el semanario mexicano el Proceso quien ha recogido la historia de González, detenido mientras cubría la guerra en Ucrania, acusado de ser un espía. Su abogado, Gonzalo Boye, y el diputado de EH Bildu en el Congreso Jon Iñarritu han denunciado, en declaraciones al diario citado, que las autoridades españolas han dejado al periodista "prácticamente solo" y no han luchado para liberarlo.

El delator que la Audiencia Nacional ha utilizado contra Gonzalo Boye, Manuel Puentes Saavedra, sospechoso de homicidio, ya está en la calle . La declaración que implicael abogado de Carles Puigdemont en un supuesto blanqueo de capital le ha abierto las puertas del trullo. Puentes Saavedra no se ha limitado a decir que Boye redactó los contratos de compra venta de créditos para recuperar el dinero incautado en el aeropuerto a un cliente suyo, el empresario colombiano del ramo de la seguridad Manuel González Rubio.

Ha anunciado que ha contratado a los letrados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, quien ha representado, entre otros, al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.