Criminalizada por VOX, criticada por Jaume Carot, rector de la UIB -sin haberla escuchado- y prohibida por el alcalde Jaime Martínez y el concejal de Cultura Javier Bonet del PP. Los motivos, totalmente políticos, prueban la censura ideológica. No se ajustan al reglamento de bibliotecas. Se prohíbe anticipando que contendrá discursos de odio, y genera un precedente contra los derechos democráticos, la libertad de expresión y el uso público universal de los espacios culturales municipales.
